El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular si el caso llega a juicio.
La resolución afecta a todos los delitos investigados en dos piezas separadas: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. No solo por malversación, como inicialmente se planteó.
Así consta en un auto dictado este jueves por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Gómez deberá comparecer el próximo lunes 6 de octubre, a las 17.30 horas, para ser informada personalmente de esta decisión.
La misma suerte corren la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres investigados «deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado», según especifica la resolución.
La decisión de Peinado implica transformar las diligencias de investigación de la pieza principal del llamado ‘caso Begoña Gómez’ para que, de prosperar la acusación, sea un tribunal conformado por ciudadanos —no por jueces profesionales— quien dicte sentencia.
El origen de la investigación
El juez abrió la pieza principal en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias. La acusación: Gómez habría utilizado su condición de esposa del presidente para recomendar a empresarios, como Barrabés, que concurrían a licitaciones públicas.
Más tarde, Vox presentó una querella por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que dirigía Gómez. Eso llevó al juez a imputarle apropiación indebida de marca e intrusismo.
El 25 de septiembre, Peinado adoptó idéntica decisión sobre la pieza separada que investiga un posible desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, y si ésta realizó funciones privadas para Gómez.
En esa rama figuran como investigados Gómez, Álvarez y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid y antiguo ‘número dos’ de Presidencia.
Las comparecencias del sábado
Por la pieza de malversación, Peinado citó a Gómez, Álvarez y Martín Aguirre el pasado sábado. Los tres optaron por no acudir presencialmente y enviaron a sus letrados. Según fuentes jurídicas, las defensas rechazaron las acusaciones y mostraron su oposición a ser juzgados por un jurado popular.
Ahora, los tres investigados aguardan que el juez responda mediante auto a las alegaciones presentadas por sus defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares en esa comparecencia.
Paralelamente, Gómez y Álvarez esperan la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid a los recursos interpuestos contra la formación de esta pieza separada, la imputación por malversación y, precisamente, la decisión de someterlas a un juicio con jurado popular.
