El exasesor ministerial Koldo García ha acusado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de elaborar su último informe patrimonial a partir de “inferencias” y “conjeturas”. Su defensa ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que reclama la devolución inmediata de los móviles que la Benemérita mantiene intervenidos desde febrero de 2024, tras el registro de su domicilio, con el fin de poder ejercer su derecho a la defensa y “desvirtuar las imputaciones” del informe policial.
En el escrito, la abogada de García, Leticia de la Hoz, denuncia que la negativa del Tribunal a devolver los dispositivos supone una “indefensión material” y vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.
La defensa presentó la solicitud tras conocerse el informe económico-patrimonial de la UCO, entregado el pasado viernes al magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso. En dicho documento, los investigadores sostienen que Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, utilizaban un lenguaje en clave para referirse al dinero en efectivo: los billetes de 500 euros serían “chistorras”, los de 200 “soles” y los de 100 “lechugas”.
La defensa de Koldo García «cuestiona» el informe de la UCO
La defensa considera que el informe de la UCO está basado en “inferencias probatorias y conjeturas carentes de sustento contextual”. Critica que los agentes interpreten los “soles” como dinero, “ignorando que se trata de la moneda oficial del Perú”. Además, rechaza la hipótesis de que la petición de “papel” del exministro José Luis Ábalos a García implique una entrega de dinero.
Según De la Hoz, esa conclusión “no puede ser contrastada ni desvirtuada” sin acceder a los mensajes almacenados en los terminales incautados. Asegura que los móviles contienen comunicaciones de WhatsApp que permitirían “contextualizar el término” y demostrar que el “papel” aludía a material de oficina, no a dinero en efectivo.
“Ruptura de la cadena de evidencia”
La abogada insiste en que la falta de acceso a los teléfonos provoca una “ruptura de la cadena de evidencia” y una “flagrante vulneración” del derecho de defensa. Además, recuerda que los dispositivos fueron intervenidos el 20 de febrero de 2024, por lo que considera que el “plazo excesivo e indebido” transcurrido desde entonces agrava la situación de indefensión de su cliente.
Por todo ello, la defensa pide al Tribunal Supremo que ordene la entrega urgente e inmediata de los dispositivos intervenidos a Koldo García, al ser “un elemento de prueba esencial” para “contradecir, contextualizar y desvirtuar” el contenido del informe de la UCO.
De forma subsidiaria, solicita que, si el Alto Tribunal rechaza la entrega de los terminales, se suspendan las actuaciones de la instrucción “hasta que los teléfonos sean puestos a disposición de esta defensa”.
