Los «hacedores» de la guía. De izquierda a derecha, en la primera fila, María Pardo de Vera, Mabel Klimt, Eugenio Ribón, José Ramón Moratalla, Rodrigo González Ruiz y Santiago Mediano. En la fila posterior, en la misma dirección, Agustín Born, Javier Fernández-Lasquetty, Sara Molina, Noemí Brito y Carlos Fernández. Foto: Confilegal.

El ICAM presenta la primera guía práctica para un uso responsable de la inteligencia artificial en la abogacía

8 / 10 / 2025 05:41

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El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó ayer en sociedad la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, un documento pionero en el ámbito jurídico español que establece las bases para una adopción ética, responsable y jurídicamente segura de esta tecnología en el ejercicio profesional.

“La abogacía no debe limitarse a adaptarse al cambio: debe liderarlo”, declaró el decano del ICAM, Eugenio Ribón. “Con esta guía, ponemos a disposición de la profesión una herramienta rigurosa y útil para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin renunciar a los principios esenciales que nos definen: la confidencialidad, el juicio profesional y la defensa de los derechos fundamentales. Nuestro compromiso es firme: que la transformación digital no debilite el Derecho, sino que lo fortalezca.”

Coordinada por Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno responsable de innovación, tecnología y cultura, y socia directora de la firma Elzaburu, la Guía traslada a la práctica las principales recomendaciones del marco regulador europeo y nacional en materia de inteligencia artificial.

“Usar la IA sin miedo, pero con criterio: eso es lo que propone esta guía”, explicó Klimt. “No se trata de frenar la innovación, sino de acompañarla con principios éticos, pautas jurídicas claras y herramientas que permitan integrar esta tecnología de forma segura, transparente y eficaz. Nuestro objetivo es que cada abogado, independientemente del tamaño de su despacho o de su experiencia técnica, disponga de un marco práctico que le ayude a tomar decisiones informadas y responsables.”

Partiendo de los principios y recomendaciones de los principales organismos europeos y nacionales en materia de inteligencia artificial y protección de datos, la publicación aborda los retos más relevantes que plantea esta tecnología en el ámbito jurídico: la protección de datos personales, la explicabilidad de los algoritmos, la necesidad de formación continua y la supervisión humana.

A lo largo de seis capítulos, la Guía ofrece un marco operativo para incorporar la inteligencia artificial al trabajo jurídico sin poner en riesgo los valores fundamentales de la profesión. Su punto de partida es inequívoco: “la tecnología es una herramienta de apoyo, pero no sustituye ni debe sustituir al abogado ni a su criterio profesional. La abogacía debe mantener siempre la supervisión, el juicio crítico y una diligencia reforzada en el uso de estas herramientas.”

En su elaboración han participado especialistas como Santiago Mediano (presidente de la Sección de Robótica, IA y Realidad Virtual y Aumentada del ICAM), Sara Molina y (copresidentes de la Sección de Innovación y Abogacía), Alejandro Touriño (presidente de la Sección de TIC del ICAM), así como Jesús María Boccio, Agustín Born, Noemí Brito, Carlos Fernández, Javier Fernández-Lasquetty, Rodrigo González Ruíz, Antonio Muñoz Vico, María Pardo de Vera, Carolina Pina y Teresa Rodríguez de las Heras.

Entre sus conclusiones, el texto enfatiza que el uso de la inteligencia artificial en la abogacía debe ser siempre proporcional y justificado, y aplicarse únicamente cuando aporte un valor real al cliente. La tecnología, advierte, debe permanecer bajo control humano en todo momento.

La Guía insiste en la necesidad de realizar evaluaciones de riesgo, asegurar la trazabilidad de los procesos, garantizar la protección de datos y la confidencialidad, y documentar el uso de las herramientas para poder justificarlo ante clientes o tribunales. También subraya la importancia de preservar los derechos fundamentales y prevenir sesgos o discriminaciones algorítmicas mediante auditorías periódicas y la participación de equipos diversos en las tareas de desarrollo y supervisión.

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