La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia 67 de Madrid, Rocío Flórez Hernández, ha puesto fecha para el acto de conciliación previa a la querella que Íñigo Errejón Galván, tiene intención de interponer contra Elisa Mouliaá Ruiz de Elvira por un delito de calumnias: será 31 de octubre a las 10 de la mañana.
Errejón considera que Mouliaá habría vertido expresiones calumniosas en redes sociales contra su persona al acusarle públicamente de “extorsionar” a dos testigos en el procedimiento que se sigue por una denuncia de agresión sexual contra su persona.
El escrito de Errejón se apoya en los artículos 278 y 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 139 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que establecen este trámite previo a la presentación de la querella por delito de calumnias.
Según el documento, Mouliaá difundió entre los días 21 y 22 de junio de 2025 una serie de publicaciones en la red social X (antes Twitter), en las que afirmaba, entre otras expresiones, que “Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos”.
Las manifestaciones, recogidas notarialmente el 30 de junio de 2025 por el notario Eduardo Ávila Rodríguez, habrían alcanzado decenas de miles de visualizaciones en la plataforma.
EXTORSIÓN
El escrito para el acto de conciliación sostiene que dichas afirmaciones constituyen “expresiones calumniosas con clara trascendencia penal”, al atribuirle falsamente un delito de extorsión a testigos que ya declararon en sede judicial y que —según el propio escrito— negaron haber sido presionados por el dirigente político.
Entre ellos figuran Soraya G. y Borja V., quienes testificaron ante el magistrado Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el 20 de junio de 2025, desmintiendo los hechos relatados por Mouliaá en su denuncia presentada en octubre de 2024.
El documento recoge que Borja V .reconoció haber contactado con Errejón “de forma voluntaria” para solidarizarse con él, y que su comunicación se limitó a “cuestiones prácticas” relacionadas con su declaración judicial, negando cualquier intento de presión.
Por su parte, Soraya G. manifestó no haber mantenido ningún contacto con el político madrileño.
Como consecuencia, la representación legal de Errejón reclama que la actriz reconozca los hechos, retire las publicaciones, se abstenga de realizar nuevas manifestaciones de la misma naturaleza y abone una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
De prosperar la querella, el procedimiento podría derivar en un proceso penal por calumnias con publicidad, castigado en el artículo 206 del Código Penal con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, si se demuestra la falsedad de las imputaciones.
LOS ANTECEDENTES
En términos cinematográficos esta iniciativa de querella de Errejón sería un «spin-off», una causa derivada otra anterior. En este caso de la que Elisa Mouliaá inició el 24 de octubre de 2024, cuando presentó una denuncia contra el entonces diputado de Más Madrid ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).
Mouliaá acusó a Errejón de la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual que, según su versión, se habría producido a finales de septiembre de 2021.
A raíz de dicha denuncia, se incoaron las Diligencias Previas 2838/2024 en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, del magistrado Carretero, quien mantiene actualmente el procedimiento en fase de instrucción.
Durante los últimos meses, el magistrado ha venido practicando diversas diligencias de investigación orientadas a esclarecer los hechos denunciados.
Entre esas actuaciones figuraron la declaración testifical de las dos personas señaladas por la propia denunciante como testigos presenciales: Soraya G. y Borja V.
Ambos comparecieron el pasado 20 de junio ante Carretero y, según consta en las actas judiciales, desmintieron íntegramente la versión de Elisa Mouliaá.
El contenido de estas declaraciones trascendió posteriormente a la opinión pública, al ser recogido por diversos medios de comunicación que informaron de las contradicciones entre el relato de la denunciante y las manifestaciones de los testigos.
Este es el origen del mecanismo de la querella que ha puesto en marcha por Errejón.
