El caso de Begoña Gómez se prolongará hasta más de dos años después del inicio de la investigación. Algo que se produce después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno. Ello, en relación a los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación que pesan sobre ella.
Así lo estipula el juez en un auto dado a conocer este lunes. Escrito en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que la prórroga de seis meses empezará a contar «a partir del 16 de octubre de 2025». Y con ello, se extiende el caso hasta mediados de abril de 2026, cuando se cumplirían dos años de la apertura de la investigación.
Una resolución en la que el juez también matizaba sobre el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid. Ello, confirmando que el caso de Gómez deberá realizarse en el marco de una sola pieza. Y así, destacaba el juez que se encuentra «pendiente de tomarse las resoluciones oportunas para acomodar las actuaciones».
Peinado señala que, entre las diligencias pendientes, está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le informe sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el Máster de Transformación Social Competitiva, que codirigió Gómez, «en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias».
Igualmente, espera Peinado que la Escuela de Gobierno de la UCM y Amazon EU le remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos «en relación con los correos asociados a los dominios del máster». Ello, con el fin de que la UCO pueda analizarlos.
Moncloa y Begoña Gómez
Entre otras de las «asignaturas pendientes del caso», también se encuentra la comunicación por parte de Presidencia del Gobierno sobre las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia del Ejecutivo desde el 11 de julio de 2018.
También de «las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento a Cristina Álvarez, así como que remitan copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta de correo asignada a Gómez».
Asimismo, indica que falta por resolver sobre las pruebas solicitadas por las partes en las comparecencias realizadas para comunicarles de que, en caso de ir a juicio, los cuatro investigados –-Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín– serían juzgados por un jurado popular.
«Lo que se puede derivar de lo anterior es que difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del día 16 de octubre del presente año 2025», avisa.
