El Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado los resultados del informe sobre el «efecto de la crisis en los órganos judiciales»; un informe en el que la vivienda se convierte en un foco de interés. Y es que, mientras caen los juicios para recuperar inmediatamente la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente, también caen los desahucios tras una ejecución hipotecaria.
La vivienda se ha convertido, en los últimos años, en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. Ello, debido a los altos precios tanto del alquiler como de la compra, así como la realidad de la okupación y la inquiokupación que se producen en el país.
Una realidad que también se ve reflejada en los datos ofrecidos en el último informe del Servicio de Estadística del CGPJ. Un documento, al que ha tenido acceso Confilegal, que muestra un descenso en los desahucios por impago de hipoteca, mientras aumentan estas ejecuciones hipotecarias.
Algo a lo que se suma la disminución de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas.
Lanzamientos por ejecución hipotecaria
El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2025 fue de 6.960, lo que supone un descenso del 11,6 % respecto al mismo periodo de 2024.
Tres de cada cuatro lanzamientos (el 76,1 %), es decir, 5.299, se derivaron de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Otros 1.217 (el 17,4 %) procedieron de ejecuciones hipotecarias, y los 444 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 17,2 % respecto al segundo trimestre de 2024. Los derivados de la LAU bajaron un 9,8 %, y los correspondientes a otras causas, un 12,4 %.
Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor número de lanzamientos, con 1.910 (el 27,4 % del total nacional). Le siguieron Andalucía, con 1.090; la Comunidad Valenciana, con 806; y Madrid, con 707.
El informe también recoge los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque advierte que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato refleja la evolución, pero no los valores absolutos. Además, que un lanzamiento sea solicitado a este servicio no implica que haya sido ejecutado.
Con estas limitaciones, los datos muestran que en el segundo trimestre de 2025 se solicitaron 13.628 lanzamientos a los servicios comunes, un 2,1 % menos que en el mismo trimestre de 2024.
Entre abril y junio de 2025 se presentaron 9.640 ejecuciones hipotecarias, un 75,8 % más que en el mismo periodo del año anterior.
El mayor número se registró en Cataluña, con 3.102 (el 32,17 % del total nacional), seguida por Andalucía, con 1.896; la Comunidad Valenciana, con 1.098; y Madrid, con 903.
Ocupación ilegal de viviendas
La Ley 5/2018, de 11 de junio, modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procedimientos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística sobre los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal en los casos en que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
Durante el segundo trimestre de 2025 se registraron 487 procedimientos de este tipo, lo que supone una reducción del 23,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor número de demandas por ocupación ilegal, con 105 procedimientos, equivalentes al 21,5 % del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 88 casos, y la Comunidad Valenciana, con 50.
