La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido prisión provisional para Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, pese a reconocer que existe riesgo de fuga. Una posición que contrasta con la de las acusaciones populares —lideradas por el PP— que reclaman su ingreso inmediato en prisión.
El fiscal jefe Alejandro Luzón considera que las medidas cautelares vigentes son suficientes para conjurar ese riesgo: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.
Las acusaciones populares discrepan frontalmente. Su argumento: García podría tener dinero en el extranjero que facilitaría su huida.
La decisión de Anticorrupción se produjo tras una nueva comparecencia de Koldo en el Tribunal Supremo, donde volvió a acogerse a su derecho a no declarar. El exasesor llegó en taxi poco antes de las diez de la mañana, con boina y una mochila en mano.
Cuando los periodistas le preguntaron por el equipaje, respondió escueto: «Soy un hombre precavido». La imagen lo dice todo: está preparado para entrar en prisión si el juez Leopoldo Puente decide endurecer las medidas.
El reproche del fiscal
Durante la comparecencia se produjo un momento de tensión. Luzón afeó a Koldo que guarde silencio ante el juez pero hable ante los medios de comunicación. El instructor Puente también frenó esa intervención, aunque el reproche del fiscal evidencia una contradicción que irrita a la acusación pública: García declara en las emisoras de radio pero calla en sede judicial.
El exasesor intentó alegar que no ha podido defenderse adecuadamente por falta de acceso a sus dispositivos. Puente le cortó en seco. No hubo margen para alegatos.
Custodio del efectivo de Ábalos
La citación de García responde al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le señala como «gestor y custodio» de los fondos opacos procedentes de presuntas comisiones por adjudicaciones públicas.
Según los investigadores, García actuó como administrador del dinero de Ábalos: «Parte de los gastos de este último eran sufragados y liquidados» por su asesor «con vistas a una eventual restitución institucional».
La UCO identificó una reserva de efectivo sin respaldo en los ingresos regulares del exdirigente socialista. Koldo se habría hecho cargo de pagos que correspondían a su entonces jefe: la pensión alimenticia de uno de sus hijos, el sueldo de la empleada doméstica, regalos a sus parejas.
Los investigadores añaden que el PSOE pagó a ambos con dinero en efectivo mediante sobres, algunos con respaldo documental como compensación por gastos, otros sin él.
Las conversaciones de WhatsApp entre Koldo y su entonces esposa, Patricia Uriz, resultan reveladoras. Ambos verbalizaban que parte del dinero que gestionaban —en efectivo o a través de sus cuentas— no era suyo, sino de Ábalos.
Y utilizaban un código: «chistorras» para los billetes de 500 euros, «soles» para los de 200 y «lechugas» para los de 100.
El magistrado Puente considera que Ábalos y Koldo «pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen».
Una línea continuista de la Fiscalía
La postura de Anticorrupción con Koldo replica la adoptada el día anterior con Ábalos. El miércoles, cuando el exministro compareció ante el mismo juez, Luzón también reconoció riesgo de fuga e indicios reforzados, pero se opuso a la prisión provisional. Puente siguió la línea del Ministerio Público y confirmó las cautelares, aunque advirtió de un riesgo «creciente» que podría derivar en «medidas más gravosas» cuando se refuercen los indicios y se acerque el eventual juicio.
La Fiscalía mantiene así una estrategia cautelosa: reconoce los riesgos pero apuesta por medidas intermedias.
Las acusaciones populares, en cambio, presionan para que tanto Ábalos como Koldo ingresen en prisión preventiva. Argumentan que el dinero presuntamente oculto en el extranjero convierte el riesgo de fuga en una amenaza real e inminente.
La defensa busca limitar la investigación
En paralelo, la defensa de García presentó el martes un escrito al Supremo solicitando que se anulen y archiven las pesquisas en todo lo que el Congreso no autorizó expresamente al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos.
El argumento: el Alto Tribunal solo podría indagar en las adjudicaciones irregulares de contratos para material sanitario durante la pandemia, vinculadas al empresario Víctor de Aldama.
Según este razonamiento, el instructor debería solicitar suplicatorios separados para cada línea de investigación: las gestiones para colocar en empresas públicas a Jésica Rodríguez, expareja del exministro, o los presuntos amaños de obra pública.
Por ahora, García permanece en libertad con medidas cautelares. Pero su mochila en la puerta del Supremo dice más que cualquier declaración: sabe que la decisión de la Fiscalía no es definitiva y que el juez podría cambiar de criterio en cualquier momento.
