El magistrado instructor de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas ha abierto una investigación penal contra el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y dos de sus directivos por delitos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad o, alternativamente, de genocidio.
El magistrado les atribuye la venta de partidas de acero a la empresa Israel Military Industries (IMI), con conocimiento de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, y de que el material iba a emplearse en la producción de armamento.
Según el auto, difundido tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, las operaciones se realizaron sin la preceptiva autorización del Gobierno ni inscripción en el registro oficial de exportadores, conforme establece la normativa sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
Así consta en un informe de la Comisaría General de Información, fechado el 10 de septiembre.
La causa se inició a partir de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya–Terra Santa, que denunció la posible implicación de la empresa en actividades relacionadas con la ofensiva militar en Gaza.
Los tres directivos han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, del que es titular el magistrado.
De Jorge considera que los hechos ocurridos en Gaza son “de conocimiento público”, tanto por su difusión mediática como por las calificaciones provisionales emitidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI). También menciona las denuncias formuladas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y la UNRWA, entre otras agencias de Naciones Unidas.
El instructor entiende que los hechos podrían constituir un delito de contrabando, tipificado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, y un delito de participación por complicidad en crímenes de lesa humanidad, conforme a los artículos 29 y 607 bis del Código Penal.
De forma subsidiaria, podrían ser constitutivos de complicidad en genocidio, previsto en el artículo 607 del mismo texto legal.
La investigación también alcanza a la sociedad Clerbil S.L., administradora única de Sidenor Holdings Europa, que podría ser penalmente responsable.
Sin embargo, el magistrado descarta investigar a Sidenor Aceros Especiales S.L.U. como persona jurídica, al considerar que sus trabajadores desempeñaron un papel activo en la denuncia pública y en la paralización de la actividad presuntamente ilícita.
En este punto, De Jorge aplica la Directiva (UE) 2019/1937 y la Ley 2/2023, de 20 de febrero, sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción. Cita expresamente los artículos 2.b, 3.1.a, 3.3 y 3.4.c, que extienden la protección a personas jurídicas que actúan como informantes.
Según el juez, Sidenor Aceros Especiales S.L.U. cumple esta condición, por lo que no se verá afectada por medidas cautelares ni por eventuales sanciones.
Qué es Sidenor
Sidenor es una empresa española con sede en Basauri (Bizkaia), dedicada a la fabricación de aceros especiales de alta resistencia, utilizados en automoción, energía, ferrocarril, maquinaria y construcción. Es uno de los principales productores europeos de aceros largos especiales, con plantas en el País Vasco, Cantabria y Burgos.
Aunque no fabrica armas ni vehículos blindados, sus aceros aleados y tratados térmicamente tienen propiedades que permiten su uso en la industria militar, especialmente en blindajes estructurales, sistemas de transmisión y piezas sometidas a altas exigencias mecánicas.
Por este motivo, determinados productos de Sidenor podrían considerarse de “doble uso”, es decir, con aplicaciones tanto civiles como militares, lo que los sujeta a control gubernamental bajo la legislación española y europea sobre exportación de material de defensa.
El caso abierto en la Audiencia Nacional no acusa a la empresa de fabricar armamento, sino de haber vendido acero a una compañía armamentística israelí sin autorización oficial, lo que podría vulnerar las normas sobre exportaciones sensibles.
La investigación judicial abre un frente inédito en España, al situar el foco no solo en la posible infracción aduanera, sino en la responsabilidad penal indirecta de los suministradores de materiales industriales cuando estos acaban siendo empleados en conflictos armados.
