Efectivos de la Policía Nacional se presentaron ayer martes por la tarde en la sede de Sidenor en Basauri (Vizcaya) para recabar información en relación a la investigación por la venta de acero a Israel.
Según apuntaron fuentes de la empresa, no se trata de un registro, sino que los agentes acudieron a la planta para recabar diversa información. Sidenor precisó que había colaborado con los agentes de la autoridad, a fin de trasladarles «con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen».
Esta actuación fue ordenada por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, explicaron fuentes de la Delegación de Gobierno, que indicaron que la causa estaba bajo secreto de sumario.
Fuentes cercanas a la investigación han precisado, por otro lado, que la Fiscalía se ha opuesto a estas diligencias.
La investigación se enmarca dentro de la causa abierta por el magistrado el pasado mes de octubre en la que acordó investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI).
Tres directivos investigados
El pasado 12 de noviembre, Jainaga y otros dos directivos de la empresa declararon como investigados ante el mencionado Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Los tres encausados se enfrentan a una acusación que tiene dos vertientes: por un lado, contrabando, tal como lo recoge la Ley Orgánica de Represión de Contrabando; por otro, algo mucho más grave, participación por complicidad en crímenes de lesa humanidad y genocidio, según los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal.
Traducido al lenguaje llano, se les señala por una irregularidad comercial y, al mismo tiempo, por haber colaborado de forma indirecta en crímenes de extrema gravedad.
En su declaración, Jainaga aseguró haber acreditado ante la Audiencia Nacional que Sidenor no había cometido «irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel», ya que el acero fabricado por Sidenor y exportado a Israel no figuraba «entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración».
Lo que dice el magistrado
En la providencia dictada por el magistrado, este dejó claro que Sidenor sabía perfectamente a qué se dedicaba IMI.
Y aun así, llevó a cabo la venta «sin comunicarlo al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente». Ese detalle administrativo no es menor: cuando se exporta material susceptible de uso militar, la ley obliga a pedir autorización y registrarlo oficialmente.
La acusación por lesa humanidad y genocidio se sustenta en la calificación provisional del Tribunal Penal Internacional y en los informes de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, además de denuncias de la UNRWA y otras agencias de Naciones Unidas sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.
Las cifras concretas
Según la Comunitat Palestina de Catalunya, que ejerce como acusación popular, Sidenor habría enviado 1.207 toneladas de acero desde agosto de 2024. Han documentado tres envíos específicos: 393 toneladas el 4 de junio, otras 306 el 20 de mayo y 290 más el 7 de agosto del mismo año.
«Es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en el Estado español, pero no será la última», advirtió Natalia Abu Sharar, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya. Su organización forma parte de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que está presionando para lograr un embargo de armas total y con efecto retroactivo.
