El magistrado Francisco de Jorge Mesas, titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, interrogará este miércoles a tres directivos de Sidenor, entre los que se incluye su presidente, José Antonio Jainaga, por haber vendido acero a IMI (Israeli Military Industries), una empresa israelí dedicada a fabricar armamento.
Los tres encausados se enfrentan a una acusación que tiene dos vertientes. Por un lado, contrabando, tal como lo recoge la Ley Orgánica de Represión de Contrabando. Por otro, algo mucho más grave: participación por complicidad en crímenes de lesa humanidad y genocidio, según los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal.
Traducido al lenguaje llano, se les señala por una irregularidad comercial y, al mismo tiempo, por haber colaborado de forma indirecta en crímenes de extrema gravedad.
Lo que dice el juez
En su providencia, el magistrado De Jorge deja claro que Sidenor sabía perfectamente a qué se dedicaba IMI. Aun así, llevó a cabo la venta «sin comunicarlo al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente».
Ese detalle administrativo no es menor: cuando se exporta material susceptible de uso militar, la ley obliga a pedir autorización y registrarlo oficialmente.
¿De dónde viene la acusación por lesa humanidad y genocidio? Se sustenta en la calificación provisional del Tribunal Penal Internacional y en los informes de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, además de denuncias de la UNRWA y otras agencias de Naciones Unidas sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.
Las cifras concretas
Según la Comunitat Palestina de Catalunya, que ejerce como acusación popular, Sidenor habría enviado 1.207 toneladas de acero desde agosto de 2024. Han documentado tres envíos específicos: 393 toneladas el 4 de junio, otras 306 el 20 de mayo y 290 más el 7 de agosto del mismo año.
«Es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en el Estado español, pero no será la última», advirtió Natalia Abu Sharar, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya. Su organización forma parte de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que está presionando para lograr un embargo de armas total y con efecto retroactivo.
