El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha confirmado que el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado hoy por el Consejo de Ministros, limitará la acusación popular, excluyendo a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculados a ellos.
«Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas», ha justificado Bolaños.
El cambio afecta directamente a la práctica habitual en causas mediáticas. En la investigación a Begoña Gómez o a David Sánchez, hermano del presidente, figuran como acusaciones populares el PP, Vox, Manos Limpias o Hazte Oír.
Todos quedarían fuera con la nueva norma, pero solo en procedimientos futuros.
La ley no solo restringe quién puede ejercer esta figura, sino también en qué delitos. El catálogo se limita a corrupción, delitos contra consumidores, delitos de odio, violencia de género o financiación ilegal.
«Básicamente, delitos que tienen que ver con intereses colectivos, es decir, que no afectan a intereses de partidos», ha precisado el ministro.
El texto difiere sustancialmente de la proposición que el PSOE defendió en enero en el Congreso. Aquella iniciativa, que apenas obtuvo apoyos, sí afectaba a causas en curso. La disposición transitoria única establecía que las modificaciones serían «de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor».
Ahora, con la entrada en vigor fijada en 2028, esa retroactividad desaparece.
Bolaños ha reconocido diferencias con Sumar sobre la exclusión de los partidos, aunque asegura que el socio de coalición está «absolutamente de acuerdo» con el texto. El ministro ha anunciado que hará «un llamamiento a todas las fuerzas políticas» para lograr una mayoría que, esta vez, permita que la reforma «salga adelante».
El ministro aseguró que no tocará los procedimientos judiciales abiertos antes del 1 de enero de 2028. Una fecha clave que deja fuera del alcance de la norma casos como el que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, aunque el ministro evitó mencionar expresamente este asunto.
