El Consejo de Ministros aprobó ayer dar trámite a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una reforma que se ha vendido desde el Ministerio de Bolaños como la gran reforma garantista del proceso penal en España, cuando la realidad es que el Gobierno la promueve como estrategia de defensa para los múltiples casos de corrupción política que tiene abiertos.
Uno de los puntos de la reforma, y el principal para el Gobierno, es apartar a los jueces de la investigación en los procesos penales para entregarla a la Fiscalía, quien ostentaría, en consecuencia, la dirección de la Policía Judicial.
Cierto es que en algunos países de nuestro entorno es la Fiscalía quien dirige la investigación, pero obvian que el sistema jurídico español ha sido durante décadas ejemplo a seguir por otros países y que sus deficiencias son, en su mayoría, subsanables.
Aunque ya estamos acostumbrados, no podemos normalizar que utilicen a Europa como excusa para acometer reformas que nada tienen que ver con directrices europeas, mientras ignoran aquellas instrucciones, como las efectuadas por GRECO, para eliminar la injerencia de los partidos políticos en el Poder Judicial.
La reforma en cuestión, que se nos presenta como “garantista”, es, en realidad, una de las estrategias de defensa del Gobierno de Sánchez para evitar, para esquivar los procesos de corrupción en los que está implicado.
Procesos que han llevado al propio fiscal general del Estado a estar imputado por revelación de secretos; a la mujer de Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación; al hermano de Sánchez, por un delito de prevaricación y tráfico de influencias.
En investigación se encuentran el caso Koldo, Ábalos, Cerdán, la posible financiación ilegal del PSOE, el caso de la fontanera Leire Díez… Y posiblemente, de las investigaciones realizadas por los jueces en estos momentos, habrá nuevos imputados en los próximos meses.
Y como dato, en esos procesos sobre corrupción política vinculada a Sánchez o al PSOE, la Fiscalía está ejerciendo más de defensa que de acusación.
La defensa de la corrupción política pretende, con esta reforma, que sea la Fiscalía General del Estado —imputada y pendiente de juicio— quien decida qué debe investigarse y a quién debe investigarse.
Es decir, si esa reforma saliera adelante, sería García Ortiz quien decidiría si se le investiga por delito de revelación de secretos. ¿Imaginan qué ocurriría? O sería la Fiscalía, dirigida por un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de Sánchez, quien decidiría investigar o no al hermano del presidente, a la mujer del presidente, a los secretarios generales del PSOE o, incluso, al propio presidente.
INDEPENDENCIA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Se nos vende que, como medida de independencia del FGE, se ampliaría su mandato de 4 a 5 años para no coincidir con la legislatura. La realidad es que blindan al FGE nombrado por Sánchez —en estos momentos, el imputado García Ortiz—, alargando su mandato más allá de la “administración Sánchez”.
Una verdadera reforma que tuviera como objetivo la no dependencia gubernamental de la Fiscalía General del Estado establecería, por ejemplo, que el nombramiento del FGE precisara de una mayoría reforzada de dos tercios en el Congreso; endurecería los requisitos para ser candidato, eliminando a aquellos con menos de 25 años de experiencia, con total desvinculación de cargo político previo y con la incompatibilidad con cargos políticos tras su cese.
O, incluso más atrevida, un FGE elegido entre los propios fiscales en elección directa y sin ningún tipo de vínculo con el gobierno de turno. La reforma incluiría, para su total independencia, autonomía presupuestaria.
Pero la reforma del Gobierno de Sánchez va más allá, porque entregar la investigación a la Fiscalía supone entregarle también la dirección de la Policía Judicial. Eso supondría, en el momento actual, en el que la UCO está investigando la posible corrupción del Gobierno, que dependería de las instrucciones, de las directrices del fiscal general del Estado. Y ¿de quién depende la Fiscalía?
Y para rematar la estrategia de defensa de la corrupción política, se pretende expulsar de la acusación popular a los partidos políticos, cercenando la acción popular y dejando la acción penal casi exclusivamente en manos de la Fiscalía General del Estado.
Todo ello supondría la muerte de la investigación penal de los casos de corrupción política, de los actuales y de los futuros.
En un mundo imaginario que no fuera la España actual, polarizada, en la que el Gobierno destina esfuerzos a acosar y señalar a los jueces que están investigando la corrupción política, a medios de comunicación o a la Guardia Civil, quizá esa reforma tendría algún sentido.
Si en realidad tuviéramos una investigación llevada a cabo por fiscales independientes, controlada y supervisada por jueces de instrucción. Una investigación dirigida por una Fiscalía que defendiera el interés general, incluso cuando fuera el Gobierno quien estuviera en el punto de mira. Una Fiscalía que no acatara instrucciones partidistas ni con sesgo ideológico. Una Fiscalía que persiguiera a los corruptos en vez de defenderlos. Pero en la España actual eso es una quimera.
Solo nos cabe esperar que esa reforma no vea la luz, que no sea aprobada por el Congreso o que, con suerte, finalice la legislatura antes de su tramitación. Eso, o caeremos por un precipicio del que será muy difícil salir.
