Los tribunales y cortes constitucionales de todo el mundo cerraron ayer la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se ha celebrado en Madrid con un mensaje contundente: las decisiones de hoy no pueden hipotecar la libertad y la dignidad de quienes vendrán mañana.
Durante el encuentro, que reunió a más de 300 representantes de 85 tribunales y cortes constitucinales, se subrayó el deber de asegurar los derechos de las generaciones futuras.
Un compromiso que, como recordó la vicepresidenta del Tribunal Constitucional español, Inmaculada Montalbán, implica no legislar ni juzgar pensando solo en el presente, sino proteger el porvenir democrático, social y medioambiental.
“Cada generación debe preservar los derechos de la siguiente”, afirmó Montalbán, recordando el papel de los tribunales constitucionales para orientar políticas públicas, contener abusos de poder y garantizar un desarrollo sostenible.
Independencia judicial bajo presión
Uno de los ejes del encuentro fue la defensa firme de la independencia judicial, amenazada hoy por injerencias políticas en nombramientos, ataques públicos, retrasos en la ejecución de resoluciones e incluso limitaciones presupuestarias y procesales.
La conclusión fue unánime: la independencia no es un privilegio de jueces y magistrados, sino una garantía para la ciudadanía y un pilar del Estado de derecho.
Se reclamaron recursos suficientes, protección institucional y respeto a las decisiones judiciales como condiciones indispensables para preservar esa independencia.
Los participantes reconocieron también el derecho a un medio ambiente limpio y sostenible e insistieron en la capacidad de la justicia constitucional para prevenir daños irreversibles y asegurar la justicia climática.
Y se destacó la protección del patrimonio cultural, tangible e intangible, como base de identidad social y cohesión futura.
En el ámbito digital, los tribunales alertaron sobre los riesgos de la vigilancia masiva, la discriminación algorítmica y las violaciones de privacidad, reclamando acceso equitativo a la infraestructura digital y una gobernanza ética de la tecnología.
Prevención y cultura constitucional
El Congreso puso el foco en la necesidad de anticipar las vulneraciones de derechos fundamentales, no solo reaccionar a ellas. Las sentencias —se recordó— fijan estándares que superan los ciclos políticos y deben blindar el marco democrático a largo plazo.
Asimismo, se reivindicó una auténtica cultura del constitucionalismo, basada en el respeto efectivo a las resoluciones judiciales, la transparencia y el diálogo institucional y social.
En la clausura, Montalbán y Simona Granata, directora de la Comisión de Venecia, reivindicaron el papel histórico y presente de las mujeres en la construcción de los derechos humanos y en la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.
E instaron a reforzar su participación en la toma de decisiones, incluyendo los ámbitos científico, tecnológico y jurídico. «La igualdad» —advirtió Montalbán— “es un legado democrático irrenunciable; su retroceso afectaría directamente al desarrollo de nuestras democracias”.
