La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), la magistrada Inmaculada Montalbán, ha redactado una ponencia que avala la constitucionalidad de la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y Junts, según fuentes jurídicas conocedoras del contenido del borrador.
El texto, que será debatido por el pleno del tribunal a partir de la próxima semana, estima solo parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y considera que la norma es compatible con la Constitución, aunque exige ciertas interpretaciones conformes con la Carta Magna en algunos de sus artículos.
La ponencia, de más de 200 páginas, representa un espaldarazo al núcleo esencial de la norma que busca amnistiar los hechos relacionados con el proceso independentista catalán de 2017 —incluyendo la aprobación de las leyes de desconexión, el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia—, al entender que la concesión de una amnistía puede estar justificada por finalidades constitucionalmente legítimas, como la reconciliación política o la estabilidad institucional.
No entra en la malversación
No obstante, el proyecto de sentencia no se pronuncia sobre uno de los aspectos más controvertidos: la aplicación de la amnistía al delito de malversación de fondos públicos, clave para determinar si líderes independentistas como el expresidente catalán Carles Puigdemont o el exvicepresidente Oriol Junqueras pueden beneficiarse del perdón penal.
El motivo, según explican fuentes del propio TC, es procesal: el recurso del PP no impugnó expresamente ese apartado de la ley.
La ponencia evita entrar en el fondo de la malversación porque el PP, en su recurso, no atacó directamente el artículo 1 de la ley, que establece el ámbito objetivo de aplicación de la amnistía y menciona expresamente este delito.
La única referencia a la malversación en el escrito de los parlamentarios populares es la reproducción literal de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, pero sin desarrollar un argumento de inconstitucionalidad al respecto.
Este detalle tiene consecuencias jurídicas importantes: al no estar directamente impugnado, el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre si es conforme a la Constitución aplicar la amnistía al delito de malversación. Por tanto, se mantiene vigente la interpretación restrictiva del Tribunal Supremo, que en resoluciones recientes ha excluido este delito del ámbito de aplicación de la norma.
Puigdemont y Junqueras seguirán esperando
La Sala Penal del Supremo considera que los líderes del procés malversaron fondos públicos con intención de obtener un beneficio patrimonial personal, al no financiar de su propio bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Bajo esta premisa, el alto tribunal entiende que ese tipo de malversación no es amnistiable según el texto actual de la ley, lo que ha impedido hasta ahora levantar la orden nacional de detención que pesa sobre Puigdemont y ha mantenido las penas de inhabilitación contra Junqueras y el exconsejero Jordi Turull.
El borrador de sentencia del TC no modifica esa situación. Puigdemont permanece procesado por malversación y pendiente de que el Constitucional resuelva, en su caso, un recurso de amparo que aún no ha sido presentado, ya que está en curso un incidente de nulidad contra la decisión de la Sala de Apelación del Supremo que respaldó la postura del magistrado instructor, Pablo Llarena.
Por su parte, Junqueras y Turull ya han presentado sus recursos de amparo ante el TC para que se revise la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía.
Sin embargo, al no abordar el TC esta cuestión en la actual ponencia, ambos tendrán que seguir esperando una resolución que trate expresamente el delito de malversación.
Sin desautorizar al Supremo
Las fuentes consultadas dentro del propio tribunal admiten que “lo dicho por el Tribunal Supremo sobre la malversación no está directamente afectado por la sentencia que se va a dictar sobre el recurso del PP”.
Y añaden que, aunque el Supremo siempre podría modificar su interpretación tras el pronunciamiento del TC, es poco probable que lo haga si no hay un respaldo explícito del Constitucional a la amnistía de este tipo de delito.
La ausencia de un posicionamiento del TC deja, por tanto, en manos del Supremo —y eventualmente de futuros recursos de amparo bien planteados— la última palabra sobre la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por malversación en el marco del procés.
El debate sobre el fondo de la ponencia comenzará en el pleno del Tribunal Constitucional en los próximos días.
Aunque el texto aún no es definitivo ni ha sido votado, su contenido anticipa una línea jurisprudencial que reconoce la legitimidad constitucional de una ley de amnistía en abstracto, pero sin cerrar aún las heridas más delicadas del procés.
