El fiscal de delitos económicos, Julián Salto, responsable de investigar al empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— por delitos fiscales, ha defendido hoy que la orden de sus superiores para informar sobre este caso fue “legal”.
No obstante, ha reconocido que, en un primer momento, no lo consideró un asunto relevante: “Me pareció un fraude más”, ha afirmado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que está juzgando a su jefe, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Este, supuestamente pasó a la Cadena SER –el 13 de marzo de 2024– un correo que la defensa de González Amador remitió el 2 de febrero a la Fiscalía para negociar una conformidad que evitara la cárcel. Un correo que la defensa de González Amador remitió el 2 de febrero a la Fiscalía para negociar una conformidad que evitara la cárcel.
Según el fiscal de delitos económicos, la instrucción que se le dio días antes, de remitir información sobre la causa, el 7 de marzo, fue correcta por tratarse de un asunto de “interés mediático”.
Solo después supo que el investigado mantenía “una relación sentimental” con Díaz Ayuso. “Lo desconocía por completo”, ha afirmado.
Salto ha negado de forma tajante haber recibido órdenes para impedir un acuerdo con la defensa: “Nadie me ha indicado que no se pudiese llegar a una conformidad”. Y ha calificado de falsedad las informaciones que señalaban lo contrario: “No solo es mentira; es una campaña de desinformación de 20 meses”.
También ha subrayado que nunca ofrece pactos de oficio: “En 20 años no me he puesto en contacto con ninguna defensa para ofrecer una conformidad. No es mi obligación”.
El fiscal ha mostrado su malestar al conocer que sus correos con Carlos Neira, abogado de González Amador, terminaron en manos de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso: “Pensaba que eran comunicaciones privadas”.
Una noche de llamadas urgentes
Salto relató que la noche del 13 de marzo, mientras asistía al partido Atlético de Madrid–Inter de Milán, recibió llamadas de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien postergó el envío hasta el día siguiente. Sin embargo, poco después, le llamó la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y le ordenó que enviara la cadena completa de correos con la defensa de González Amador cuando terminara el partido.
«tiene que seer ahora porque el fiscal general no puede esperar», ha explicado.
Enviados los documentos, el fiscal contactó de nuevo con Lastra para quejarse de indicaciones contradictorias. Admitió que nunca antes se le había exigido rendir cuentas a esas horas.
Salto confirmó que ese envío constituía una “dación de cuentas” en los términos del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal —obligación de informar a los superiores—, si bien, por la prisa, no lo consignó expresamente.
«No era el momento de pactar»
Sobre la negociación con la defensa de González Amador, ha explicado que, aunque esta ofreció reconocer dos delitos fiscales, no existían condiciones para cerrar un acuerdo. Faltaba comprobar la restitución del dinero defraudado, había otros investigados y “no era el momento procesal oportuno”.
En cualquier caso, aseguró que nunca transmitió a Neira que el pacto fuese imposible.
El fiscal de delitos económicos ha reiterado que el intercambio de correos con la defensa era normal y se hacía entendiendo que las comunicaciones eran confidenciales.
Durante su declaración, el fiscal Salto ha explicado que no sabe cuántas personas de la Fiscalía vieron el correo que el abogado Neira envió el 2 de febrero, en el que proponía admitir dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo para evitar la cárcel.
Tampoco sabe si ese mensaje se envió a la Abogacía del Estado ni si llegó a borrarse. Ha confirmado, eso sí, que el correo llegó primero a una dirección general del departamento y luego se lo reenviaron a él.
