El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su absolución en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz. Emilio Cortés, defensor del investigado, sostiene que no existe delito alguno y ha vuelto a pedir la nulidad de los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) al entender que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales.
La petición ha sido formulada en el escrito de conclusiones provisionales presentado dentro de la fase previa a la fijación de fecha para el juicio oral.
Cortés ha explicado, en una intervención televisiva en Telecinco, que su defensa ha solicitado la exclusión de esos correos electrónicos como prueba, argumentando que “podría haberse dado una vulneración de derechos fundamentales”. Según señaló, es obligado procesalmente plantear estas vulneraciones en cada fase del procedimiento para poder acceder, llegado el caso, a recursos como el de casación en el Tribunal Supremo, el amparo ante el Tribunal Constitucional o acudir a Estrasburgo.
Reiteración de la petición de nulidad
Cortés ha recordado que ya solicitó la nulidad de esos correos con anterioridad, pero la Audiencia Provincial de Badajoz avaló su incautación. No obstante, insiste en que la defensa debe reiterar la solicitud, especialmente porque aún no está claro cuál será el órgano colegiado que asumirá la causa, teniendo en cuenta las elecciones convocadas en Extremadura el próximo 21 de diciembre.
El abogado también ha señalado que en los correos aparece el apelativo “hermanito”, en referencia a la forma en que el también investigado Luis Carrero —exasesor de Moncloa posteriormente contratado en la Diputación pacense— se dirigía a David Sánchez. Sin embargo, ha subrayado que no existe ningún mensaje que pruebe que se creara una plaza específicamente para Carrero o para Sánchez. “Esto no se compadece con la realidad documental con la que operamos”, ha afirmado.
Petición de testigos en el caso contra David Sánchez
El escrito de la defensa solicita la declaración de 13 personas, de las cuales solo una sería nueva: un técnico de la Administración del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz que gestionaba proyectos musicales en Portugal. La acusación popular también ha pedido la comparecencia de este testigo, lo que Cortés ha señalado para descartar que se trate de una iniciativa exclusiva de su defensa.
Sobre la fecha del juicio, el letrado ha indicado que aún no está fijada y que solo falta por presentar un escrito de conclusiones —con plazo hasta el jueves— para cerrar esta fase. En ese momento, ha señalado, el Juzgado de Instrucción nº 3 dejará de intervenir y el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial de Badajoz.
No obstante, ha advertido de que este trámite podría verse afectado por las próximas elecciones autonómicas y por posibles incidencias procesales, como una eventual recusación de la sala encargada del caso.
“Pensar que va a ser la misma sección de la Audiencia la que va a tener que resolver algo que ya está resuelto, eso ahora mismo tampoco es seguro”, ha concluido Cortés.