El Colegio de la Abogacía de Madrid eligió el día de ayer, un día simbólico —el inicio del juicio oral contra el Fiscal General del Estado— para recordar una idea esencial: el derecho de defensa y el secreto profesional no son adornos del proceso penal, sino pilares de una justicia en condiciones de igualdad.
En un comunicado dirigido a todos los colegiados, la Junta de Gobierno del ICAM justificó su presencia en la causa como acusación popular y reiter´o su compromiso con una justicia garantista.
“No actuamos contra nadie, sino a favor de algo más importante: la integridad del proceso penal y la dignidad de la abogacía”, afirma.
El mensaje es claro: el Colegio entiende que su intervención responde a un deber institucional, no a una elección discrecional.
Confianza en el Estado de Derecho
El ICAM subray´o que afronta el procedimiento “con la tranquilidad de que las instituciones funcionan”.
Recuerda que el auto de apertura de juicio oral aprecia “indicios sólidos penales y una merma en derechos fundamentales”, extremo que exige —según el Colegio— una respuesta jurídica proporcionada.
En palabras de la Junta de Gobierno, “corresponde ahora a los tribunales decidir. Si no concurren elementos para condenar, lo acataremos con la misma serenidad con la que defendemos nuestra posición hoy”.
Es un mensaje orientado a reforzar la confianza en el sistema: proceso con garantías, decisión judicial y acatamiento sin reservas.
El Colegio insiste en que este procedimiento no cuestiona a la Fiscalía como institución ni a los fiscales que ejercen con rigor.
Se analiza —señala— “una actuación concreta y excepcional” que no empaña la labor diaria del Ministerio Público. El tono es deliberado: contención institucional y rechazo explícito a interpretaciones corporativas o políticas.
Garantías constitucionales, no privilegios
El comunicado marca una línea nítida: el secreto profesional, el derecho de defensa y la lealtad procesal no son “privilegios gremiales”, sino garantías constitucionales. Su vulneración —advierte el ICAM— no afecta solo a los abogados, sino al modelo de justicia que protege a la ciudadanía frente al poder.
Una tesis clásica del garantismo procesal que aquí se reivindica sin estridencias.
El cierre del mensaje resume la posición del Colegio: firmeza, responsabilidad y defensa activa de los valores que dan sentido a la justicia. Porque —como señala el propio comunicado— “sin secreto profesional no hay justicia en condiciones de igualdad”.
