El Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Madrid ha vuelto a suspender el desahucio de una inquilina que lleva años residiendo en un piso sin pagar alquiler. Ello, pese a percibir más de 1.300 euros mensuales de ingresos. Una decisión que no es la primera vez que toman los tribunales, debido a que no se ha podido acreditar desde los servicios sociales la actual situación que atraviesa esta mujer.
Por tercera vez, una mujer ha conseguido paralizar un desahucio de la misma vivienda. Ello, en contra de los intereses de Promontoria Coliseum Real State SL, que presentaba una demanda de lanzamiento ante el Juzgado de Primera Instancia nº14 de Madrid.
Así pues, desde 2022, se han producido hasta tres suspensiones de lanzamiento de Victoria (nombre ficticio), representada por Servilegal Abogados.
Unas suspensiones de desahucio que se producían por distintos incidentes de vulnerabilidad. Último lanzamiento que estaba previsto para diciembre de este año 2025. Pero que llegaba nuevamente ante los juezgados.
Y es que Victoria, representada por el abogado Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados, fundamentaba su petición de suspensión, nuevamente, en su situación de vulnerabilidad.
En concreto, la mujer, receptora de la prestación de ingreso mínimo vital, cuenta con unos ingresos mensuales de 1.314 euros. Ello, contando con dos hijos menores a su cargo. Algo que ha sido suficiente para que el juzgado, en su auto 1654/2025, de 24 de octubre, haya tomado la decisión de aplazar la ejecución. Ello, sin fijar una nueva fecha de lanzamiento. Algo que, según aseguran desde el despacho de abogados, es un «hecho inusual que deja el caso en un limbo judicial».
La interpretación de la ley frena el desahucio
Según el auto dictado el 24 de octubre de 2025, la jueza aplica el Real Decreto-ley 11/2020, que permite suspender desahucios en situaciones de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional. Sin embargo, el propio procedimiento refleja que la demandada no ha acreditado la documentación exigida. Y los servicios sociales ni siquiera pudieron contactar con ella para verificar su situación.
“Estamos ante una interpretación de la ley que desvirtúa su finalidad: se protege a quien no paga pese a tener ingresos estables, y se castiga al propietario cumplidor. Pero nuesto papel como abogados es utilizar las herramientas legales en pro de nuestros clientes, y eso es lo que hemos vuelto a hacer en este caso.”, denuncia Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados.
Una situación que hace que la mujer mantenga su vivienda. Ello, después de que haya estado más de tres años con el contrato expirado.
“Aunque se ha acreditado que la arrendataria percibe ingresos superiores al umbral legal, hemos conseguido acreditar su vulnerabilidad. Y ello lleva a que podamos forzar nuevas suspensiones del lanzamiento.”, explica Palomar.
Una situación que hace que para muchos, esto vuelva a provocar una profunda crisis de la vivienda. No sólo para conseguirla, sino para defender los intereses de todos. Por un lado, los de los propietarios. Por otro, el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna.
“En Servilegal Abogados seguiremos defendiendo los derechos de nuestro cliente, y litigando con todas las herramientas que nos proporcione la ley, por injusta que sea”, concluye Ignacio Palomar.
