La postura de la Mutualidad desde que se abrió paso la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha permanecido invariable: «Desde el minuto uno hemos apoyado la pasarela al RETA», afirmaba el presidente de la entidad aseguradora, Enrique Sanz Fernández-Lomana.
«Quien quiera trasladarse al sistema público, porque entiende que va a tener una situación más estable, por nuestra parte no vamos a poner una pega, pero sí algún matiz», enunciaba el presidente de la Mutualidad en un encuentro con la prensa este pasado jueves.
De los 210.000 profesionales asegurados en Mutualidad, unos 60.000 están en régimen de alternatividad—un sistema de previsión social privado basado en la capitalización de aportaciones individuales que se ofrece como alternativa al RETA en la Seguridad Social—.
Casi un 30% de los mutualistas podrían acogerse a la llamada pasarela RETA, un mecanismo que permite que los mutualistas puedan trasladarse al sistema público de la Seguridad Social llevando consigo el ahorro acumulado en la mutualidad para transformarlo en cotizaciones a este régimen.
Pero deberán aceptar ciertas líneas rojas infranqueables por la Mutualidad.
Estas son la salida ordenada de los fondos, la voluntariedad de los mutualistas para decidir si permanecen en el régimen de la alternatividad o trasladar sus fondos al sistema público y un plazo temporal definido para la transición.
El principal reto para la Mutualidad radica en garantizar la liquidez y la estabilidad financiera ante la posible salida de fondos invertidos a largo plazo, ya que debe cubrir los compromisos con los mutualistas que permanezcan.
Por ello, la propuesta de salida ordenada, que avalan PP, Junts y PNV en las enmiendas presentadas en la Proposición de Ley impulsada por el PSOE, permitiría que el dinero depositado en la Mutualidad siga generando rentabilidad y que se transfiera progresivamente a la Seguridad Social cuando se reconozca derecho a la prestación del contribuyente.
En cuanto a la temporalidad y la voluntariedad, desde Mutualidad consideran imprescindibles estos requisitos con el fin de ofrecer a quienes lo deseen una vía de integración en el sistema público sin eliminar la alternativa mutualista.
La alternatividad, una medida «eficiente»
Ello, sería clave para la vigencia de la alternatividad, es decir, la posibilidad de que profesionales colegiados opten por cotizar en una mutualidad en lugar de hacerlo en el RETA.
Sanz Fernández-Lomana defiende la alternatividad como ejemplo del buen funcionamiento del sistema «eficiente» de previsión de jubilación: «Esta sustentando en la autorresponsabilidad y libertad para diseñar tu jubilación, ya que se puede hacer en la posibilidad de ahorrar cada uno».
Subraya que, tal y como está el sistema, no se está perjudicando a nadie, ya que cada uno puede elegir el régimen que más le convenga. Además, añade que, en su opinión, que se abra esta posibilidad no debe implicar la desaparición de un modelo que ha demostrado «solvencia, crecimiento y capacidad de gestión»: «Que se abra una pasarela voluntaria no tiene que implicar que se pierda la alternatividad», señala el presidente de la Mutualidad.
«Nos parece que el sistema de colaboración público-privada es muy eficiente y creemos que no hay razón para eliminarla», añade Sanz Fernández-Lomana.
Otros requerimientos de la Mutualidad
Desde la Mutualidad se defiende que el establecimiento de un complemento mínimo de pensión desde la propia institución resolvería muchas de las situaciones actuales, evitando así que los profesionales tuvieran que recurrir a la pasarela hacia el sistema público, «ya que evitaría pasar por la pasarela porque desde la Mutualidad podría generar el complemento de pensión hasta la mínima», explica el presidente.
Además, la entidad propone que la nueva ley incorpore la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda facilite información sobre las bases de cotización de los autónomos —y, por extensión, de los mutualistas— para determinar con mayor precisión las aportaciones en función de los ingresos reales.
En palabras de la Mutualidad: «se trataría de aplicar el mismo sistema que ya existe entre Hacienda y la Seguridad Social, donde se comunica en qué tramo de ingresos se encuentra cada persona».
El objetivo de esta medida sería mejorar la gestión de las aportaciones, reducir la carga burocrática y evitar molestias a los mutualistas.
Asimismo, la institución reclama la neutralidad fiscal en el traspaso de ahorro a la Seguridad Social, de modo que quienes decidan trasladar sus fondos puedan hacerlo sin penalización ni impacto fiscal.
