El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reiterado su llamamiento al “respeto a las decisiones judiciales” y ha instado a elaborar con urgencia “un nuevo protocolo de conformidades con la Fiscalía”.
La petición llega tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, un fallo que ha reavivado el debate sobre los límites y garantías en las negociaciones previas a los acuerdos de conformidad.
En su comunicado, la Abogacía recuerda que el respeto a las resoluciones judiciales y la protección del derecho de defensa constituyen “pilares básicos de nuestro Estado de derecho”.
Subraya que el proceso judicial ha evidenciado hasta qué punto resulta esencial la confidencialidad en las conversaciones entre la defensa y la fiscalía, un mecanismo que articula buena parte de la práctica penal: “Cada día, en cada juzgado, en cada asunto”, señala la institución, para enfatizar que estas negociaciones son habituales y necesarias para la buena marcha del sistema.
El Consejo insiste en que la garantía de confidencialidad no es solo una práctica recomendada, sino un componente estructural del derecho de defensa y del principio de igualdad de armas.
En este sentido, advierte que cualquier vulneración —o indicio de vulneración— debe ser investigado “en todos sus extremos”. Según explica, este deber de esclarecimiento responde tanto a la protección de los derechos de las partes como al mantenimiento de la confianza pública en la administración de justicia.
A partir de esta premisa, la Abogacía reitera la necesidad de que Fiscalía y Consejo retomen “sin demora” los trabajos para actualizar y reforzar el protocolo que regula los procesos de conformidad.
Este documento, recuerdan, es una reivindicación que mantienen desde el inicio del caso y que consideran indispensable para asegurar reglas claras, homogéneas y respetuosas con las garantías procesales en todo el territorio.
