Tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, el Gobierno confirmó ayer que abrirá en los próximos días el proceso para designar a su sustituto.
La decisión marca el inicio de una transición institucional que el Ejecutivo presenta como necesaria para garantizar la estabilidad de la Fiscalía General del Estado.
El anuncio lo realizó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien subrayó que el Ejecutivo mantiene una doble posición: respeto absoluto al fallo y discrepancia moral con su contenido.
“El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”, señaló. Pese a esa discrepancia, el relevo se activa de inmediato por la naturaleza del cargo y por el impacto jurídico de la sentencia.
Antes de confirmar la apertura del proceso de sustitución, Bolaños quiso destacar la trayectoria del fiscal general saliente: “Queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad”.
Para el Gobierno, este reconocimiento no contradice la necesidad de proceder al cambio, sino que acompaña el cierre de una etapa marcada por la controversia judicial.
Entre el respeto legal y el desacuerdo moral
La postura del Ejecutivo se articula en un equilibrio cuidadoso. Por un lado, acata la decisión del Supremo como expresión del Estado de Derecho. Por otro, insiste en que no comparte la condena, coherente con la defensa que había mantenido de García Ortiz hasta ahora.
Sin embargo, el Gobierno considera que la continuidad del fiscal general es inviable tras la inhabilitación, lo que impulsa la inmediata puesta en marcha del relevo.
Bolaños insistió en que la discrepancia con la sentencia no debe trasladarse a la ciudadanía como un cuestionamiento de la justicia: “La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia”.
El Ejecutivo busca así reforzar un mensaje de continuidad institucional en un momento sensible, destacando que el proceso de nombramiento del nuevo fiscal general seguirá los cauces previstos en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal.
El anuncio del Gobierno marca el inicio de una fase decisiva: en los próximos días comenzará el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, combinando respeto al marco jurídico, desacuerdo moral con la sentencia y un mensaje de estabilidad institucional.
El relevo, inevitable tras la condena, se presenta como un paso necesario para restaurar la normalidad al frente de la Fiscalía.
