El magistrado-juez Arturo Zamarriego Fernández, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, ha admitido a la querella del exdiputado de Mas Madrid, Íñigo Errejón, contra la actriz Elisa Mouliáa por un presunto delito de calumnias.
De acuerdo con un auto, que tiene fecha de ayer, 2 de diciembre, el magistrado acuerda incoar diligencias previas –abrir una investigación– porque aprecia que los hechos descritos en la querella de Errejón «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de calumnia”.
El magistrado Zamarriego, por ello, cita a ambos en la misma fecha: el 17 de febrero de 2026 a las 12:00. A Errejón, para tomarle declaración —con previa ratificación de la querella— y a Mouliáa, a quién se le leerán sus derechos y se le entregará copia de la querella presentada.
Errejón interpuso la querella por un presunto delito de calumnias con publicidad contra Mouliáa el pasado 17 de noviembre. Le acusa atribuirle falsamente la comisión de un delito de extorsión en el contexto del procedimiento penal abierto tras una denuncia por agresión sexual presentada por ella contra su persona en 2024.
EL ORIGEN DE LA QUERELLA
El conflicto se origina en el marco de las diligencias previas 2838/2024, incoadas tras la denuncia que Mouliaá presentó ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional el 24 de octubre de 2024, en la que acusaba al entonces diputado de un supuesto delito contra la libertad sexual ocurrido en septiembre de 2021.
Según la querella, el 20 de junio de 2025 declararon como testigos en ese procedimiento Soraya G. y Borja V., una pareja residente en Australia que presenció los hechos denunciados.
Tras estas declaraciones, que se realizaron por videoconferencia y quedaron grabadas, Mouliaá publicó diversos mensajes en la red social X en los que —siempre según el relato de la querella— acusaba a Errejón de haber “extorsionado” a ambos testigos para influir en su testimonio.
Las publicaciones, recogidas en un acta notarial aportada al juzgado, incluyen expresiones como “Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos” o “La noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos”, difundidas en varias interacciones con medios de comunicación y usuarios de la red social.
El escrito destaca que tanto Soraya como Borja negaron en sede judicial cualquier intento de influencia por parte de Errejón. Incluso, según el acta de las declaraciones citada en la querella, el hombre afirmó que fue él quien contactó primero con el exdiputado por “sentir una injusticia” y que nunca recibió indicaciones sobre qué debía declarar.
También se incorpora a la querella un informe de la Policía Judicial que incluye conversaciones de WhatsApp entre Mouliaá y la testigo Soraya. De acuerdo con el relato del documento presentado por Errejón, dichas conversaciones mostrarían que la testigo insistió repetidamente en que declararía “la verdad” de lo sucedido y que fue ella quien negó haber recibido mensajes o presiones por parte del político o de su defensa.
En su argumentación jurídica, la querella, de la que es autora la abogada Eva Gimbernat, sostiene que Mouliaá habría actuado “a sabiendas de la falsedad” de sus afirmaciones, requisito esencial para el delito de calumnias con publicidad tipificado en los artículos 205 y 206 del Código Penal.
El escrito también rechaza que Errejón se hubiera negado a entregar su teléfono móvil para ocultar prueba alguna. Explica que su defensa recurrió el auto que ordenaba la entrega del dispositivo y que la Audiencia Provincial de Madrid acabó estimando dicho recurso, dejando sin efecto la autorización de análisis.
En la querella se solicita que se tome declaración a Elisa Mouliaá, se requiera al Juzgado de Instrucción 47 el testimonio de las declaraciones de los testigos, el acta de cotejo y el informe policial sobre los dispositivos móviles y se practiquen todas las diligencias necesarias para investigar los hechos.
Asimismo, Errejón ejerce también acción civil para reclamar una eventual indemnización por daños y perjuicios derivados de las declaraciones que atribuye a Mouliaá, pero no menciona ninguna cantidad.
Por otra parte, el pasado 14 de noviembre el magistrado del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, cerró la investigación contra Errejón en la causa que comenzó Mouliáa contra el exdiputado por un supuesto delito de agresión sexual y abrió la siguiente fase, el procedimiento abreviado, con el fin de enviarla a juicio.
