David Michael Cadin, juez Master del Royal Court (Tribunal Real) de la isla británica de Jersey –en el Canal de la Mancha – ha autorizado a dos filiales del grupo estatal malasio Petronas a notificar por una vía rápida y alternativa a los ocho herederos filipinos del sultán de Sulu.
Estos han estado implicados en el litigio internacional millonario que la justicia española finalmente truncó y en la que, como consecuencia, fue condenado el árbitro español de su caso, Gonzalo Stampa; una sentencia que no hace mucho confirmó el Tribunal Supremo.
La decisión, adoptada el pasado 17 de noviembre por el mencionado juez Master, pretende evitar que el proceso se estanque debido a la lentitud de los plazos en las notificaciones judiciales entre países.
El conflicto tiene su origen en el laudo arbitral de 14.920 millones de dólares dictado por Stampa a favor de los herederos del Sultán de Sulu y en contra del gobierno de Malasia.
Designado en 2019 el español como árbitro por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en 2021 ese órgano judicial anuló su nombramiento al considerar que la nación demandada no había sido notificada correctamente.
A pesar de la nulidad de su nombramiento, Stampa siguió adelante con el arbitraje y, en 2022, dictó su laudo en París, a pesar de que la justicia española consideraba que no podía seguir actuando como árbitro tras la anulación de su nombramiento.
Los herederos del sultán de Sulu trataron de ejecutar el laudo solicitando en Luxemburgo el embargo de los bienes de la compañía nacional de petróleo y gas de Malasia, una de las mayores empresas estatales de energía del mundo y la que más ingresos genera para ese país.
Petronas respondió iniciando este procedimiento en Jersey en el que acusa a los ocho herederos, al fondo de financiación de litigios Therium, sus abogados, Paul Cohen y Elisabeth Adams Mason y al abogado español que representó en el arbitraje a los filipinios, Bernardo M. Cremades Sanz-Pastor, y a su firma B. Cremades y Asociados, por haber participado en una «conspiración ilegal».
Para seguir adelante con la demanda de la empresa malaya en Jersey, donde Therium está registrado, era necesario notificar de un modo formal a los herederos del sultán de Sulu en Filipinas.
Al hacerlo a través del Convenio de La Haya, el tratado internacional que regula este tipo de notificaciones, la cosa ha resultado extremadamente lenta: las primeras comunicaciones tardaron meses y llegaron después de la fecha límite fijada por el tribunal.
Era urgente encontrar otra vía
El juez Master de Jersey tiene prevista la celebración de una vista clave de 5 días el 16 de marzo de 2026 en la que los demandados podrán cuestionar la validez de la demanda presentada por Petronas.
Para que el proceso sea coherente, los herederos filipinos deben estar notificados antes de esa fecha. Si no lo están, no podrán intervenir en las objeciones y el caso podría dividirse en múltiples procedimientos, generando más retrasos y posibles decisiones contradictorias.
La propia Corte reconoce que repetir la notificación por la vía estricta del Convenio de La Haya podría tardar hasta cuatro meses, de modo que no estaría lista a tiempo.
Ante ese riesgo, Petronas pidió autorización al juez Master para usar un método habitual en Filipinas pero no contemplado como primera opción por el Convenio de La Haya: enviar notificadores locales a los domicilios donde los herederos filipinos ya habían sido informados este mismo año.
Si no se encontrara a la persona, el tribunal inglés ha autorizado a dejar los documentos a un adulto responsable, en su oficina o incluso con el encargado de seguridad del edificio, siempre según las reglas filipinas.
Este tipo de notificación, llamada servicio sustitutivo, solo puede usarse en situaciones excepcionales, ya que supone apartarse del procedimiento pactado entre Estados.
El caso es “excepcional”
El juez Master David Cadin ha decidido permitirlo. Según su razonamiento, concurren factores extraordinarios. Porque por una parte, el litigio es especialmente complejo y ya absorbe muchos recursos del tribunal. Por otra, hay numerosos demandados y es esencial que todos avancen a la vez.
Se da la circunstancia de que los herederos del sultán de Sulu ya han sido notificados antes, por lo que no se les está ocultando nada.
Retrasar la notificación hasta después de la vista de marzo podría generar procedimientos duplicados o resoluciones contradictorias, por lo que el juez ha considerado que el método alternativo no perjudica a nadie y es prácticamente igual al ya utilizado, solo que más rápido.
Con estos motivos, el tribunal concluye que la vía rápida es “adecuada y necesaria” para que el caso pueda gestionarse correctamente.
La decisión no resuelve el fondo del litigio —la acusación de conspiración—, pero sí garantiza que todos los implicados puedan participar en esta fase procesal decisiva.
Ahora, los herederos filipinos tendrán la oportunidad de incorporarse a las objeciones que se discutirán en marzo próximo y evitar que el proceso avance en su ausencia.
En un caso marcado por su dimensión internacional, esta autorización busca una cosa: que la maquinaria judicial no quede bloqueada por los plazos de una notificación que, literalmente, no puede esperar.
