A través de dos de sus empresas estatales, Malasia busca acumular suficientes pruebas desde los tribunales estadounidenses para actuar en España contra todos los que articularon la demanda arbitral en nombre de los herederos del Sultanato de Sulu. Foto: EP.
Malasia busca pruebas en EE.UU. sobre los responsables financieros de la demanda de Sulu para perseguirlos en España
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15/12/2024 05:40
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Actualizado: 15/12/2024 11:32
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El Gobierno de Malasia ha iniciado una ofensiva legal internacional para identificar a los financiadores del arbitraje presentado por los herederos del Sultanato de Sulu, territorio que forma parte hoy de ese país, un litigio en el que se reclamaban 14.900 millones de dólares y que devino en la condena en España del árbitro, Gonzalo Stampa.
Con ese fin ha presentado dos solicitudes de «discovery» para pleitear en tribunales extranjeros, un mecanismo legal que permite obtener pruebas e información para utilizarlas en procedimientos judiciales que se estén llevando –o se vayan a llevar– a cabo en el extranjero.
Lo ha hecho en nombre de las sociedades estatales malasias Petronas Azerbaijan y Petronas South Caucasus bajo el amparo del Título 28 del Código de ese país, ante dos tribunales. Una ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York y otra ante el Tribunal de Distrito de Delaware.
El objetivo final del Gobierno malasio es el de demandar, e incluso querellarse, ante los tribunales españoles contra el árbitro, Stampa, como al Bufete Cremades y Asociados, que representaron a los herederos del Sultanato de Sulu en el arbitraje, al fondo de financiación de litigios, Therium, y a los abogados Paul Cohen y Elisabeth Mason, representantes de esos herederos, contratos por dicho fondo.
SEGUIR LA PISTA DEL DINERO
Por ello, lo que la firma Baker & Hostetler LLP busca, en nombre del Gobierno de Malasia, es conocer qué transferencias financieras y comunicaciones se han producido entre los financiadores de Therium y los representantes legales de los demandantes de Sulu.
«Las pruebas documentales solicitadas conforme a esta solicitud serán esenciales para respaldar esta reclamación prevista y determinar, entre otras cosas: (i) qué entidad (o entidades) dentro del Grupo Therium está apoyando a los demandantes de Sulu; y (ii) la naturaleza de la participación de esa entidad (o entidades) en dirigir a los demandantes de Sulu a actuar de una manera que ha causado pérdidas y daños a los peticionarios», dice la demanda de «discovery» interpuesta ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.
Para ello solicitan todas los pagos realizados desde Therium a los herederos, a Stampa, al Bufete Cremades & Asociados, a Cohen y a Mason.
«La financiación de este proceso se ha realizado ignorando órdenes judiciales españolas que anularon el arbitraje original», sostienen las peticiones presentadas por los abogados Oren J. Warshavsky, Gonzalo S. Zeballos y J’Naia L. Boyd, de esta firma puntera especializada en litigios internacionales.
Estas pruebas serían cruciales para fundamentar acciones legales tanto civiles como penales en España contra las partes implicadas.
La firma Baker & Hostetler ha gestionado casos significativos, como la recuperación de aproximadamente 14.500 millones de dólares en la liquidación global de Bernard L. Madoff Investment Securities, considerada una de las mayores estafas financieras de la historia.
Según explican a los dos tribunales federales estadounidenses en sus peticiones, el Gobierno malasio tiene prevista una demanda por los daños y perjuicios causados por la ejecución del laudo arbitral por el que Stampa condenó a ese país a pagar a los herederos del Sutanato 14.900 millones de dólares (13.783 millones de euros).
Además, de acuerdo con el laudo, los honorarios del árbitro español por su intervención en el arbitraje fueron de 2.351.592 dólares (2.172.412 euros), una cantidad especialmente alta comparada con la práctica arbitral en España, mientras que la de los abogados de los herederos, Bernardo Cremades & Asociados, fue de 3.502.394 dólares (3.235.529 euros).
POR LO CIVIL Y POR LO PENAL
La reclamación se basará en el artículo 1902 del Código Civil español que dice que «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado». Argumentará que las decisiones de Stampa, después de que su nombramiento fuera anulado, causaron un daño directo a los demandantes.
Bernardo Cremades & Asociados, Cohen, Masón y el grupo Therium también serán demandados por su supuesta negligencia intencionada y su papel en la continuación del arbitraje y la ejecución del laudo, a pesar de la anulación de la autoridad de Stampa como árbitro por parte de la Justicia Española.
Asimismo, el Ejecutivo Malasio contempla una querella contra Bernardo Cremades & Asociados en la que se incluye a su socio director, a los siete herederos de Sulu y al grupo Therium por supuestamente inducir a Stampa a cometer un delito de desobediencia, contemplado en los artículos 556.1 y 28 del Código Penal español.
Además de las acciones legales en curso en Estados Unidos y en el futuro en España, Malasia también enfrenta litigios en Luxemburgo, donde los herederos del sultanato intentaron embargar activos pertenecientes a estas mismas empresas estatales.
Según los abogados de Malasia, estas acciones son parte de una «campaña de presión» liderada por los financiadores y representantes legales de los demandantes, quienes han mostrado un «desprecio sistemático» por las decisiones judiciales que invalidaron el arbitraje.
THERIUM CONTRA ESPAÑA
Paralelamente, el abogado de los herederos del Sultanato de Sulu, Paul Cohen, interpuso una petición de arbitraje en su nombre, contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que tiene su base en Nueva York, demandando 18.000 millones de dólares (17.140 millones de euros).
Cohen considera a España responsable de bloquear sus esfuerzos para hacer ejecutar el laudo arbitral de 14.900 millones de dólares contra Malasia que dictó el árbitro español.
ORIGEN DEL CONFLICTO
El caso tiene sus raíces en un acuerdo de 1878 entre el Sultanato de Sulu y representantes británicos, mediante el cual se cedían ciertos territorios en el norte de Borneo —ahora parte de Malasia— a cambio de un pago anual. Tras la independencia de Malasia en 1963, el país asumió el compromiso de estos pagos, pero dejó de realizarlos en 2013, alegando razones de seguridad tras un ataque armado perpetrado por un grupo vinculado a reivindicaciones del Sultanato.
En 2022, el árbitro español dictó su laudo en París a favor de los herederos del sultanato, ordenando a Malasia pagar la indemnización histórica de 14.920 millones de dólares, equivalente al 16 % del presupuesto anual del país.
Cuando Stampa emitió su laudo su nombramiento había sido anulado previamente por los tribunales españoles, lo que lo dejó sin autoridad legal para continuar con el caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid calificó el arbitraje de Stampa como «nulo de pleno derecho» y condenó al árbitro en 2023 por desobediencia grave a la autoridad. «La decisión de continuar con el arbitraje en París y emitir el laudo fue una flagrante violación de la ley española», afirmó el tribunal.
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