El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que tiene su base en Nueva York, ya ha dado trámite a la petición de arbitraje solicitada por el abogado británico, Paul Cohen, en nombre de los herederos del sultán de Sulu, quien demanda a España 18.000 millones de dólares.
El abogado considera a España responsable de bloquear sus esfuerzos para hacer ejecutar el laudo arbitral de 14.900 millones de dólares contra Malasia que dictó el árbitro español Gonzalo Stampa.
La petición de arbitraje quedó formalmente registrada en el CIADI el pasado 24 de octubre en nombre de los herederos del mencionado sultán, los ciudadanos filipinos Nurhima Kiram Fornan, Fuad A. Kiram, Permaisuli Kiram, Sheramar Kiram, Jenny Sampang, Widz-Raunda Sampang y Taj-Mahal Kiram Tarsum-Nuqui.
El siguiente movimiento en esta partida de ajedrez legal a alto nivel que ahora comienza es la notificación a la Abogacía del Estado, en el Ministerio de Justicia español, que tendrá que responder en un plazo fijado al requerimiento del CIADI, donde se conoce bien a nuestro país por los innumerables arbitrajes iniciados en esa institución arbitral. Por las inversiones fallidas en renovables en la década de 2.000.
Los 18.000 millones de dólares representan el valor del laudo dictado por el árbitro español, Gonzalo Stampa –y anulado– más los intereses acumulados. Esta cantidad supondría el 3,70 % del presupuesto total del Estado español de 2023, que fue de aproximadamente 485.986 millones de euros.
La petición de arbitraje ante el CIADI impulsado por Cohen, de la 4‑5 Gray’s Inn Square de Londres –que representa también a Therium, el fondo que financia este litigio para los 7 herederos filipinos–, caso de seguir su curso, supondría que este Centro entre a valorar el caso desde la raíz así como la validez del nombramiento de Stampa y de todo el procedimiento arbitral en este caso.
El objetivo principal de Cohen es hacer que sea ejecutable el laudo arbitral que dictó Stampa en París. De acuerdo con este abogado británico, la condena penal posterior al árbitro español por desobediencia en España no afecta directamente la legitimidad de ese laudo, favorable a los herederos del sultán de Sulu, que complica su ejecución en otros países, como Holanda, Francia o Luxemburgo.
EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA EN EL CENTRO DE ESTE CONFLICTO
Los demandantes sostienen que España interfirió en el proceso arbitral al anular el nombramiento de Gonzalo Stampa como árbitro, debido a problemas con la notificación del proceso a Malasia.
En su petición de Laudo ante el CIADI, Cohen achaca intervencionismo al Ministerio de Asuntos Exteriores español.
Relata que en 2018, abogados en España solicitaron al Ministerio notificar a Malasia sobre el laudo arbitral del caso. En 2019 el Ministerio concluyó que Malasia no tenía inmunidad soberana debido a una cláusula arbitral.
El tribunal ordenó notificar a través de la embajada en Madrid, pero dos años después el mismo Ministerio invalidó esta notificación, permitiendo a Malasia argumentar indefensión por no haber sido notificada adecuadamente.
Usando esta alegación y el cuestionamiento de la imparcialidad del árbitro, Malasia evitó el cumplimiento del laudo. El árbitro español no tuvo ninguna responsabilidad en cómo se hizo la comunicación a Malasia. Hizo todo lo que tenía que hacer, de forma muy profesional. El responsable de este desenlace, según Cohen, fue el Gobierno español.
