Uno de los derechos más reivindicado públicamente en estos últimos años es el que recoge el artículo 47 de nuestra constitución: el derecho a la vivienda, que conlleva que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Entre las personas que conforman las generaciones maduras, son mayoría quienes son propietarias de su vivienda y es que en nuestro país, se ha estilado tradicionalmente lo de ser propietario y menos mal, porque como expondré en este artículo, la realidad muestra que quienes decidieron no serlo y hoy han cambiado de opinión, se enfrentan a graves obstáculos que les impiden que se haga efectivo en su caso el mandato constitucional del Derecho a la vivienda, que los poderes públicos deberían defender.
Este es por ejemplo el caso de uno de mis amigos, llamémosle Manuel, que a sus 66 años se ha empeñado en cumplir un sueño perfectamente legítimo: construirse una casa en un pueblo de la Sierra de Madrid.
Como muchos, ha trabajado toda su vida y ahora desea vivir con plenitud su nueva etapa. Tiene reconocida la pensión máxima (más de 2.500 euros mensuales), no tiene otras deudas y necesita una hipoteca de 100.000 euros.
Hasta aquí, todo parece razonable. Sin embargo, al acudir a varias entidades bancarias, se encuentra con un muro inesperado: por su edad, no le conceden ese importe y, quienes se lo ofrecen, solo lo hacen a un plazo máximo de 9 años, porque los 75 son una “frontera infranqueable”.
Y esto ocurre no porque no pueda devolver el préstamo, sino porque el sistema bancario aún opera con criterios obsoletos que ignoran la “nueva longevidad” y no quieren mirar más allá de una fecha de nacimiento.
El reto de adaptar las viviendas a las necesidades futuras
Por otra parte, según el INSERSO, en España hay solo unas 450.000 plazas en residencias de mayores. Esto significa que con toda seguridad no habrá suficientes para acoger a todos los miembros de la generación del baby boom cuando lo necesiten.
La gran mayoría viviremos en nuestras casas hasta edades avanzadas. Y no solo por necesidad, sino también por elección. Pero para que esto sea posible, las viviendas deben estar adaptadas y poca gente piensa en ello.
Tal y como señala el estudio “Hogar Senior” (realizado por Sigma Dos, Leroy Merlin y el CSCAE), parece que los españoles no somos muy previsores en lo relativo a la reforma del hogar para responda a las necesidades de un mayor.
Lo hacemos tarde y mal con las consecuencias que ello tiene. Afrontar una reforma supone contratar profesionales, escoger y comprar materiales, controlar la obra y asumir unos costes que para muchas personas mayores son inasumibles salvo que puedan acceder a un préstamo.
¿Qué es el edadismo financiero?
Adaptar una vivienda cuesta dinero. Construir una también. Y tener acceso a financiación justa y sin prejuicios es clave para garantizar la autonomía, la salud y la dignidad.
La actual visión cortoplacista que prima en las decisiones de muchas entidades financieras ignora tanto los datos demográficos como las nuevas realidades sociales.
Además, desde el punto de vista del negocio no tiene lógica: con una pensión alta, un seguro de vida y una propiedad como garantía, el riesgo que se asume es mínimo. Pero la realidad es que el prejuicio sigue pesando más que los números.
El caso de Manuel no es aislado, sino un ejemplo claro de “edadismo financiero”: una forma de discriminación por edad que pasa desapercibida pero que tiene consecuencias profundas y estructurales.
Y que, además, vulnera el artículo 14 de nuestra Constitución, que garantiza que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
¿No es la edad una circunstancia personal? ¿No lo es limitar el acceso a un derecho fundamental como la vivienda solo por haber cumplido 66 años, aunque se disponga de ingresos suficientes y estables?
La esperanza de vida media de un varón en España es de 80,5 años, según los últimos datos del INE. Hablamos de personas con una o dos décadas más de vida por delante, en muchos casos activas, con buena salud, formación y proyectos.
¿Por qué tratarlas como si fueran “demasiado mayores” para tomar decisiones tan vitales como la de construirse o reformar un hogar para envejecer con dignidad?
Políticas públicas y oportunidades para la banca
Por eso, cuando hablamos de “políticas de vivienda”, no podemos pensar solo en los jóvenes —cuya situación es también crítica—. Las personas mayores también tienen derecho a elegir dónde vivir, a cambiar de entorno, a empezar nuevos capítulos sin que su edad se convierta en una barrera.
Tal y como demuestra una reciente encuesta del CIS, los problemas que afectan a las personas mayores son tantos y tan importantes como los de los jóvenes. Y precisamente ahora, cuando las políticas públicas de vivienda están bajo revisión, es el momento ideal para incluir una solución específica al edadismo financiero, tanto para la compra como para la reforma de la vivienda.
Por su parte, los bancos que quieran demostrar compromiso social e innovación real tienen ahora una magnífica oportunidad: ofrecer productos específicos como la “hipoteca senior” o el “préstamo hogar senior”, que permitan a las personas mayores acceder en igualdad de condiciones a servicios financieros y cumplir con algo tan básico como vivir donde quieren.
Y entidades como el ICO podrían ampliar sus líneas de avales hoy solo dirigidas a los jóvenes y familias con menores a su cargo, a los mayores que necesitan reformar o adquirir su primera vivienda.
Conclusión
Ha llegado la hora de erradicar el edadismo financiero. Cumplir años no puede tener como consecuencia la de ser penalizado por ello, sino la de tener derecho a seguir cumpliendo sueños, tales como el de vivir dónde y cómo uno quiera.
