El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado durante la apertura del Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía la necesidad de reforzar la protección de los profesionales del Derecho, especialmente en aquellos países donde su labor se desarrolla en contextos de intimidación y amenaza.
En la inauguración de la duodécima edición, que recibe por título ‘En defensa de quienes defienden’, González lanzó un mensaje claro: «proteger a quienes nos defienden no es opcional, es obligatorio y urgente». «En demasiados países, ejercer la abogacía se ha convertido en un acto de valentía. Intimidaciones, vigilancia, censura, criminalización: a esto se enfrentan quienes defienden derechos humanos», afirmó el presidente de la Abogacía.
A su lado estaba el abogado general del Estado, David Vila, quien reiteró la «necesidad de proteger la función del abogado» y se refirió a los «diferentes métodos de ejercer presión sobre un abogado».
González resaltó los dos grandes hitos en materia de defensa que ha logrado el CGAE
González destacó que en este 2025 se han conseguido dos hitos importantes, fruto de años de trabajo de la Abogacía.
El primero de ellos es la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que refuerza las garantías para el ejercicio libre e independiente de la abogacía. El segundo se trata de la aprobación del Convenio para la Protección de la Abogacía, que establece por primera vez un marco internacional vinculante para proteger a los abogados y abogadas.
Este último ha sido ratificado por el Consejo de Europa, pero aún no se ha ratificado en nuestro país. A pesar de ello, González se muestra optimista con que este hecho llegue «pronto», tras comprometerse el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a hacerlo.
Iniciativas internacionales para blindar la labor de la abogacía
Las herramientas nacionales e internacionales de protección fueron objeto de análisis en la primera mesa redonda, en la que participaron Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE); Berta Álvarez, coordinadora Fundación Abogacía y Derechos Humanos, la fiscal Escarlata Gutiérrez; y Luis Gonzaga Serrano, abogado del Estado.
Gonzaga incidió en la relevancia del derecho de defensa y de la especialización profesional. Por su parte, Alarcón explicó que el Convenio del Consejo de Europa persigue «garantizar la independencia y autonomía de la abogacía», y advirtió de que incluso en países como España «se producen injerencias y presiones» que pueden afectar al ejercicio profesional y debilitar el Estado de derecho.
Gutiérrez remarcó la necesidad de contar con «una abogacía independiente y libre de injerencias del poder público», respaldada por organizaciones colegiales sólidas. «Es importante blindar la independencia de una profesión tan esencial para la democracia y el Estado de derecho», afirmó.
La segunda mesa abordó diversas iniciativas de protección a la abogacía. Joaquín Nieto, presidente de la APDHE, advirtió sobre la persecución creciente que afrontan los profesionales que asumen defensas sensibles.
En su intervención, Alfredo Irujo, integrante del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, instó a reforzar el apoyo a quienes ponen en riesgo su vida para proteger a la ciudadanía.
En representación del Colegio de Barcelona, Carles García, subrayó que la finalidad última de la profesión es servir a la sociedad, defender derechos y garantizar el acceso a la justicia.
Finalmente, Natalia Segura expuso las iniciativas de ‘Lawyers for Lawyers’, centradas en el fortalecimiento de capacidades, el empoderamiento y la resiliencia de la abogacía.
Este jueves 11 de diciembre esta jornada ha puesto en alza la importancia de visibilizar y actuar en torno a la protección de la abogacía defensora de los derechos humanos.
