El juzgado acaba de «absolver» en primera instancia a Alfonso Villares de los hechos con relevancia penal que provocaron su dimisión en el cargo que ocupaba como consejero de la Xunta de Galicia.
En efecto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha decidido archivar la causa por una presunta agresión sexual. Será ahora la Audiencia Provincial de A Coruña la que dictamine si confirma o revoca el paso dado por la jueza instructora.
El proceso contra Villares se abrió después de que el pasado mes de febrero fuera denunciado por la conocida presentadora Paloma Lago a raíz de unos hechos sucedidos durante el verano de 2024.
Desde que dimitiera como consejero del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares ha optado por la discreción.
Durante la rueda de prensa que en su día concedió a los medios de comunicación, el expolítico reiteró su inocencia y aseguró que iba a centrar sus esfuerzos en defenderse judicialmente.
“Dimito para defenderme de una denuncia de la que soy, insisto, totalmente inocente. Es una decisión muy difícil, pero estoy convencido de que es correcta”, señaló.
Tras abandonar la política, Villares, que según desveló su entorno se vio “hundido” tras la denuncia de Paloma Lago, ha vuelto a trabajar como veterinario en el norte de la provincia de Lugo.
Y si bien los tribunales de justicia sólo pueden determinar la responsabilidad jurídica, difícilmente el político afectado por una actuación judicial como ésta va a poder esquivar esa tacha que se proyectará, sin remedio, sobre su “carrera”, tanto sobre los antecedentes de una conducta sometida al escrutinio judicial como sobre las consecuencias finales de sus acciones u omisiones.
Hoy en día asistimos a la expansión del ámbito de intervención de los tribunales de justicia que, sin duda, está alterando sustancialmente la tarea básica de la jurisdicción como garante de la conservación del orden jurídico y de reprensión de los delitos más comunes en la sociedad.
Una extensión del control por los jueces que, en estos casos en los que el justiciable ocupa una legítima posición de poder político, ganada incluso en unas elecciones, ha de convivir con el “cierre de filas” por parte del entorno de influencias del político, con la incomprensión generalizada y, en algunos casos, con la hostil oposición a la actuación judicial.
Una tentación suicida que se ha ido corrigiendo en estos últimos años, incluso con la aparición de códigos internos de los partidos políticos que señalan el momento procesal en que el miembro del partido ha de renunciar al cargo cuando se vea judicialmente implicado.
Quizá nuestros políticos hayan comprendido de una vez la tensión inevitable que existe entre la búsqueda de la verdad judicial y el principio de asunción de responsabilidades políticas.
La posición por defecto de un político es la mentira, y la del juez de instrucción, la de buscar la verdad, caiga quien caiga.
En palabras del grandísimo pensador colombiano, Nicolás Gómez Dávila, “mientras que hay 1.000 verdades, el error sólo es uno”.
Pero a veces sucede, como ahora en este caso de Alfonso Villares, que el error es determinante, así, de la asunción de una responsabilidad política que antecede a la confirmación de la verdad judicial, llegando después a resultar, en fin, muy complicada o prácticamente imposible la rehabilitación política del afectado.
