El pasado 11 de diciembre de 2025 el presidente Trump firmó una Orden ejecutiva que busca limitar la capacidad de los Estados para regular la IA en virtud de sus marcos legales existentes y disuadirlos de aprobar nuevas leyes en materia de IA.
Según la Orden, titulada “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence”, el vigente «mosaico» de regulación de IA Estado por Estado añade cargas de cumplimiento desafiantes, impone sesgos ideológicos dentro de los modelos de IA y regula esta tecnología de manera inadmisible más allá de las respectivas fronteras estatales.
Por lo tanto, la Orden pretende fomentar un «marco político nacional mínimamente oneroso para la IA» a través de una serie de medidas. Dado que una orden ejecutiva se aplica solo a las agencias federales, este concreto instrumento normativo plantea una pregunta clave: ¿cómo puede una orden ejecutiva afectar la efectividad de una ley estatal o al proceso legislativo de cada Estado? Y es que en el diseño constitucional de los Estados Unidos, una orden ejecutiva del presidente no puede prevalecer sobre la ley estatal.
Por eso, la norma adopta varias medidas indirectas —que debe aplicar la Administración federal— destinadas a alentar a los Estados a no hacer cumplir o aprobar una regulación de la IA excesivamente onerosa, o a penalizarlos si lo hacen. También reclama a ciertas agencias federales que utilicen sus potestades existentes de manera que puedan adelantarse a las leyes estatales de IA.
Resumen de la Orden
La Orden adopta varias medidas para alcanzar su objetivo de un marco regulador de la IA «mínimamente oneroso». Estas medidas pueden clasificarse ampliamente en dos categorías. En primer lugar, la Orden establece un marco a través del cual la Administración Trump puede impugnar las leyes estatales de IA o incentivar a los Estados a no aprobar o hacer cumplir sus respectivas leyes de IA. En segundo lugar, la Orden ordena a ciertas agencias que implementen políticas que la Administración federal confía que puedan adelantarse a las leyes estatales de IA.
Las acciones clave establecidas por la Orden incluyen, entre otras, las siguientes:
- Creación del AI Litigation Task Force en el Departamento de Justicia, para impugnar las leyes estatales en materia de IA incompatibles con la política de la Administración federal.
- Evaluación de las leyes estatales «onerosas» en materia de IA. Según la Orden, las leyes se considerarán onerosas si requieren que los modelos de IA alteren los resultados veraces; o exigen a los desarrolladores o responsables del despliegue de IA que participen en discursos obligatorios no permitidos o que «divulguen o comuniquen información de una manera que viole la Primera Enmienda o cualquier otra disposición de la Constitución».
- Restricciones a la financiación del despliegue de redes de banda ancha. Se manda al Departamento de Comercio que especifique las condiciones en las que los Estados que aprueben una legislación «onerosa» en materia de IA no podrán optar a la financiación federal de la banda ancha.
- Restricciones a otros gastos discrecionales. Se ordena a otros departamentos y agencias ejecutivas que evalúen sus programas de subvenciones discrecionales para determinar si pueden condicionar la financiación discrecional a que los Estados no aprueben leyes de IA.
- Prevalencia normativa creada por la Agencia federal de comunicaciones. La Orden encomienda a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que redacte una norma federal de información y divulgación para prevalecer sobre las leyes estatales conflictivas que regulan la IA.
Impacto de la Orden en las leyes estatales vigentes en materia de IA
La Orden no define qué constituye una regulación de la IA «mínimamente gravosa» u «onerosa», confiriendo así una amplia discrecionalidad interpretativa a los distintos organismos de la Administración federal facultados para hacer cumplir la norma (y crea incertidumbre para las empresas afectadas). Sin embargo, da pistas sobre los tipos de leyes estatales de IA que la Administración Trump probablemente priorizará en cualquier acción futura.
En primer lugar, la Orden apunta a las leyes estatales que exigen que los modelos de IA «alteren sus resultados veraces». La Orden menciona explícitamente la Ley de Colorado y sus disposiciones que prohíben la «discriminación algorítmica». La Orden adopta la posición de que esa norma —y otras similares— puede inducir a los modelos de IA a producir «resultados falsos para evitar un tratamiento o impacto diferencial en los grupos protegidos». Aunque no se mencionan en la Orden, también pueden estar en el punto de mira leyes estatales similares que prohíban la discriminación o el sesgo algorítmico, como la HB 3773 de Illinois, o las nuevas regulaciones de privacidad de California sobre «tecnología de toma de decisiones automatizada».
En cambio, la Orden hace referencia explícita a las leyes estatales que exigen la divulgación o notificación de información en violación de la Primera Enmienda u otras disposiciones constitucionales. Como ejemplo de una ley que podría ser objeto de esta medida, California aprobó recientemente la Ley de Transparencia en la IA de Vanguardia, que es la primera normativa sobre IA «de vanguardia» del país que exige a los desarrolladores de potentes modelos de IA publicar un marco de seguridad y notificar determinados incidentes de seguridad a los reguladores. Esta ley y otras similares que imponen importantes obligaciones de seguridad o exigen la publicación o divulgación de información por parte de los desarrolladores de modelos de vanguardia u otros actores en la cadena de valor de la IA (por ejemplo, la Ley de Seguridad y Educación Responsable en IA (RAISE) de Nueva York).
El lenguaje amplio y discrecional de la Orden arroja una gran incertidumbre jurídica sobre qué leyes estatales en materia de IA puede impugnar la Administración federal en virtud de la nueva Orden. Por ejemplo, se ordena al Grupo de Trabajo sobre Litigios en materia de IA que demande a los Estados con leyes vigentes sobre IA «por considerar que dichas leyes regulan de manera inconstitucional el comercio interestatal, están sustituidas por las regulaciones federales existentes o son ilegales a juicio del Fiscal General». Este tipo de lenguaje otorga a la Administración una amplia discrecionalidad para hacer cumplir la Orden. Al mismo tiempo, en su disposición sobre recomendaciones legislativas, la Orden excluye expresamente las leyes relacionadas con la seguridad de los niños, la informática de IA y la infraestructura de los centros de datos, así como la contratación pública y el uso de IA por parte de las administraciones estatales, lo que sugiere que este tipo de leyes podrían no ser objeto de la Orden.
Próximos pasos y conclusión
La Orden ha sido elogiada por varios grupos de la industria, como la Asociación de Tecnología del Consumidor, mientras que también ha sido rechazada por grupos de defensores civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles. Queda por ver si la Orden se enfrentará a impugnaciones legales, o si estas se reservarán para las acciones posteriores de la Administración federal que la norma requiere como complemento, como una política del Departamento de Comercio que restrinja la financiación federal de banda ancha a los Estados que aprueben leyes de IA «onerosas» o una declaración de política de la FTC que indique que los Estados no pueden usar sus estatutos UDAP a los sistemas de IA.
La Orden también insta al Congreso de los Estados Unidos a establecer una única «norma nacional mínimamente onerosa» y encarga a su gabinete la elaboración de un proyecto de ley federal sobre IA, incluidas sus disposiciones de prevalencia sobre el Derecho de los Estados. La acción del Congreso mitigaría muchas de las preocupaciones legales que se derivan de una amplia acción ejecutiva unilateral. Sin embargo, existe un creciente escepticismo sobre la desregulación federal de la IA por parte de los republicanos, tanto en el Capitolio como en los gobiernos estatales.
Por ello, a mi juicio esta nueva Orden ejecutiva sobre la IA es, ante todo, teatro político. Ante la falta de liderazgo normativo federal en esta materia, los Estados seguirán protegiendo a sus ciudadanos de los riesgos que entraña una IA no regulada. Habrá que ver si finalmente logra aprobarse una regulación federal, única vía adecuada en Derecho para encauzar la maraña normativa de la IA en los Estados Unidos.
