El Tribunal Supremo inicia 2026 con varios asuntos de alto impacto aún pendientes de resolución. Entre ellos destaca el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, una vista que continúa sin fecha fijada.
La Sala de Apelación del alto tribunal avaló el pasado mes de diciembre la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de procesar y sentar en el banquillo a Ábalos y a Koldo García, ambos en prisión provisional desde el 27 de noviembre. Los recursos interpuestos por los investigados fueron desestimados por los magistrados, que consideraron que la práctica de nuevas diligencias no podría desvirtuar el “robusto arsenal indiciario” existente y reprocharon a las defensas que pretendieran “alejar el momento del enjuiciamiento alegando razones variopintas”.
En este procedimiento, la Fiscalía solicita penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que mantienen para el empresario la misma pena que reclama el Ministerio Público.
Investigación por presuntos amaños de obra pública
De cara al futuro juicio, Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular, integrado por ciudadanos, en lugar de por un tribunal compuesto por magistrados.
El proceso por los contratos de mascarillas no será el único frente judicial de Ábalos en el Supremo. El exministro también figura como investigado en la segunda pieza del denominado ‘caso Koldo’, centrada en una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. En esta causa están igualmente imputados Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán.
En este procedimiento, que afecta además a empresarios y a exresponsables de constructoras, el instructor continuará con la investigación a la espera de recibir varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Las causas contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez
Otro de los asuntos que el Supremo seguirá tramitando en el nuevo año son las causas abiertas contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez. El parlamentario europeo ya ha prestado declaración voluntaria en tres de los cuatro procedimientos en los que está implicado, mientras se gestionan los correspondientes suplicatorios al Parlamento Europeo para proceder a su imputación formal.
En concreto, se le investiga por una presunta financiación irregular de su partido, SALF; por la supuesta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y por un presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
A estas causas se suma una querella por supuesto acoso y revelación de secretos presentada por dos eurodiputados que concurrieron a las elecciones europeas de 2024 en la lista de SALF. El Supremo ha ofrecido nuevamente a ‘Alvise’ declarar de forma voluntaria y ha citado a los querellantes el próximo 19 de enero.
Asimismo, tras la condena a dos años de inhabilitación impuesta al ex fiscal general del Estado, el alto tribunal permanecerá atento a la eventual presentación por parte de Álvaro García Ortiz de un incidente de nulidad contra la sentencia, que tendría que resolver el propio Supremo.
