José Luis Ábalos ha movido ficha en el frente judicial. El exministro de Transportes ha encomendado su defensa en el llamado caso Koldo al penalista Marino Turiel Gómez, socio director de Turiel Abogados, una firma con base en Oviedo y delegación en Madrid, con quien mantiene una relación profesional desde hace años.
El propio Ábalos lo ha anunciado en la red social X. En él explica que Turiel ya venía ocupándose de otros asuntos clave de la causa, entre ellos el recurso de amparo frente al suplicatorio tramitado ante el Tribunal Constitucional y la querella interpuesta contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
“El abogado es el rostro más próximo y humano en causas como las que me afectan, pero también el más expuesto”, ha escrito.
De ahí —añade— su agradecimiento por haber asumido una representación especialmente sensible.
El relevo se produce cinco días después de que Chabaneix Abogados renunciara a seguir al frente de su defensa por “discrepancias contractuales”.
Según fuentes jurídicas, dichas diferencias “imposibilitan la continuidad de la relación profesional”. Pese a ello, Ábalos ha reconocido públicamente el trabajo realizado por el despacho “en tan corto espacio de tiempo”.
Tras esa renuncia, el magistrado instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dio traslado al exministro para que designara nuevo abogado, un trámite obligado para garantizar su derecho de defensa.
No es el primer cambio de estrategia legal. En octubre, Ábalos fichó a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional con experiencia en causas de alto perfil como Faisán o el 11-M.
Antes de él, su defensa estuvo en manos de José Aníbal Álvarez, con quien rompió por “diferencias irreconducibles”.
El contexto no es menor. En noviembre, el instructor Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García.
La decisión se apoyó en un riesgo de fuga calificado de “extremo”, vinculado a la cercanía del juicio y a la gravedad de las penas solicitadas, que alcanzan hasta 30 años de cárcel por presuntos amaños en contratos públicos para la adquisición de material sanitario.
Ábalos recurrió esa medida cautelar. El Tribunal Supremo ha señalado para el próximo 15 de enero la vista en la que se examinará su impugnación, una cita clave para el futuro inmediato del procedimiento.
