El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al magistrado instructor de su causa en el Supremo, Leopoldo Puente, que levante «de inmediato» el bloqueo de su correo electrónico, vigente desde el 9 de junio. Denuncia una «extralimitación» de la UCO de la Guardia Civil.
Según el escrito presentado por su defensa —el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista—, la UCO ha sobrepasado la orden judicial. Puente autorizó ese día «el acceso, visionado y volcado/clonado de las comunicaciones privadas halladas durante el registro» en el domicilio valenciano del diputado, «incluyendo cuentas de correo electrónico».
Los agentes accedieron a la cuenta y copiaron la información existente. Pero, en lugar de devolver el control al titular, mantienen un «bloqueo total y exclusivo» sobre ella desde entonces. Han pasado más de cuatro meses, advierte la defensa, un plazo que «excede toda previsión legal de temporalidad necesaria en una medida de investigación».
Ábalos ha quedado privado por completo de «un canal de comunicación fundamental», lo que le ha impedido «renovar contratos de suministros, acceso a documentos, gestión de citas médicas, atender correspondencia ordinaria con personas que poseían esta dirección desde hace muchos años». La defensa sostiene que el daño «excede manifiestamente la legitimidad de cualquier finalidad investigadora».
El argumento jurídico
Bautista distingue entre dos tipos de medidas. Puente autorizó una diligencia específica: obtener «datos estáticos, un ‘stock’ de información ya existente en el servidor». Las facultades concedidas —acceso, visionado y clonado— constituyen el núcleo de esa diligencia de registro.
Pero esa medida, subraya Bautista, «no puede ni debe confundirse con la interceptación de las comunicaciones telemáticas», dirigida a captar un «flujo de comunicaciones futuras o en tiempo real». La orden judicial amparaba «una ‘fotografía’ del contenido de la cuenta en un momento concreto, no una vigilancia o control de la misma a futuro».
Ambos regímenes jurídicos tienen requisitos y garantías diferenciadas. La intervención de comunicaciones exige condiciones «mucho más exigentes por su carácter prospectivo y su mayor intensidad invasiva, incluyendo plazos máximos de duración».
La defensa aclara que «el problema central no es la legalidad del auto judicial, sino la flagrante e indiscutible extralimitación en su ejecución, constitutiva de un fraude de ley procesal».
Ábalos está siendo investigado en el caso Koldo por el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, tanto para la compraventa de material sanitario durante la pandemia como para obra pública.
