La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al magistrado Juan Carlos Peinado y ha desestimado el recurso de apelación presentado por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.
La defensa de Álvarez recurrió la providencia que dictó el juez en la que el instructor del caso Begoña Gómez reclamó a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), los correos electrónicos que hubiera intercambiado con su representada.
La letrada entendió que este tipo de diligencias deben ser adoptadas mediante autos, y no por una providencia como así lo hizo Peinado, ya que lo que reclamaba afectaba de manera directa al derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
La respuesta de los magistrados del tribunal provincial de Madrid ha sido clara: «Se acordó teniendo en cuenta que en su declaración se ofreció a su aportación voluntaria a la causa, al manifestar que poseía cerca de cien correos». «Por lo que el contenido de la referida resolución trata únicamente de ordenar el procedimiento, dando cumplimiento al deseo expresado en su declaración por Doadrio», apostillan.
La decisión de Peinado de exigir el intercambio de correos se adoptó en septiembre
Fue el pasado septiembre cuando el juez dictó una providencia en la que requería a Doadrio para que le remitiera al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid «todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria la investigada Álvarez».
Doadrio aportó finalmente correos y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez de que había localizado más de 100 ‘emails’ que revelan «gestiones» de Álvarez con empresas para financiar la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Complutense.
