La justicia del futuro ya no se discute en términos de si llegará, sino de cómo y a qué velocidad. Ese fue uno de los consensos más nítidos del coloquio sobre Justicia Digital 2030, donde representantes institucionales, juristas y expertos tecnológicos coincidieron en una idea central: la digitalización de la justicia es irreversible y estratégica.
Esta mesa redonda se enmarca en la presentación de la plataforma del Observatorio UE ‘Radar Europeo ICAM’, que ha contado con la participación de Irina Vasiliu, analista política de la Representación de la Comisión Europea en España; Javier Díez-Hochletiner, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Madrid Miguel Ángel de la Pisa Estrada, vicepresidente de la Comisión de Sector Público y coordinador del Grupo de Trabajo de Justicia de AMETIC y la moderación de Teresa Mínguez, diputada de la Junta de Gobierno responsable del Área Internacional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Para los profesionales, el proyecto Justicia Digital 2030 no solo se trata de modernizar expedientes o celebrar vistas por videoconferencia. La Unión Europea ha elevado la ambición. En el marco de la Década Digital, el objetivo es claro: en 2030, todos los servicios públicos clave —también la justicia— deberán estar plenamente online. Y eso exige algo más profundo que tecnología: exige transformar el sistema.
«La justicia no puede quedar al margen de la digitalización»
Todos los panelistas insistieron en que, aunque desde Europa han dado de plazo hasta 2030 para la digitalización de los países en el ámbito de la justicia, este proyecto comienza a tomar forma.
Desde la Comisión Europea, Vasiliu traslada que para el cambio de la práctica judicial hacia un sistema mayoritariamente ‘online’ se de debe hacer desde una doble vertiente: «Para digitalizar la justicia debemos tener herramientas digitales fáciles de usar. Y, en segundo lugar, la formación será vital. En la estrategia de transformación digital solicitamos medidas para mejora las capacidades de los profesionales en el ámbito de uso de plataformas y herramientas digitales».
Díez-Hochletiner insistió en que «la justicia no puede quedar al margen de la digitalización, ya que es un elemento fundamental de una economía eficiente», señaló.
Este proceso, según el catedrático emérito, estará lleno de dificultades sobre todo por el choque cultural: «Cuando se habla de proceso de digitalización se refiere a que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de forma digital desde el comienzo hasta el fin. Lo que supone un cambio cultural».
Interoperabilidad, el eslabón crítico
Si huno una palabra que avivo el debate fue ‘interoperabilidad’. Sin sistemas capaces de entenderse entre sí, la justicia digital europea podría caer en saco roto.
Para Díez-Hochletiner no puede haber digitalización sin interoperabilidad: «Estamos hablando de espacio y ciberseguridad europeo, es decir, de interoperabilidad de digitalización a nivel nacional y por ello debe haber financiación»
Por su parte, De la Pisa Estrada apuesta a favor de los estándares abiertos, soluciones compatibles y cooperación entre administraciones: «Partimos de la base de compartir el espacio de datos europeos, base fundamental tanto para la interoperabilidad y el ‘software’».
En el caso español, como advirtieron los expertos, el reto es doble: interoperar con Europa y armonizar un mosaico autonómico de sistemas de gestión procesal que hoy dificulta la cohesión del servicio público.
La Inteligencia Artificial, una aliada con límites claros
La IA ocupa ya un espacio relevante en el debate judicial, pero con fronteras bien delimitadas. Su papel es —y debe seguir siendo— el de asistente, no decisor
Por ello, Díez-Hochletiner subraya que el papel de la IA debe ajustarse a las «transcripciones automáticas, análisis de grandes volúmenes documentales y para el apoyo a la búsqueda de información».
De la Pisa Estrada hizo alusión al de “reserva de humanidad«, el que explicaría que ninguna herramienta puede sustituir la valoración jurídica, la ponderación de derechos o la responsabilidad última del juez. «Lo que está pasando últimamente —en alusión a la investigación que ha acordado el TSJC a un abogado por citar sentencias falsas del Supremo generadas con IA— no debería pasar. Porque entonces dejaríamos a los algoritmos que inventasen el mundo según les interesasen», lamenta.
«Creo que todavía falta mucho camino por recorrer. Deberían implementarse mecanismos de seguridad adicionales que impidan que el sistema pueda decidir por sí mismo», apuntó de la Pisa Estrada.
El Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA), que verá la luz en febrero, reforzará este enfoque con evaluaciones de impacto, supervisión humana obligatoria y una clasificación estricta de los sistemas de alto riesgo.
Ahora, aunque quede un camino largo por recorrer, cada paso acerca más a cualquier ciudadano de la Unión Europea al acceso a la justicia de manera remota, con todas las garantías y con menos tiempos de espera.
