El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, comparece hoy de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación abierta por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra dos eurodiputados que integraron su candidatura en las últimas elecciones europeas.
La declaración se produce a iniciativa del magistrado instructor de esta causa, Manuel Marchena, después de que el propio Pérez manifestara su disposición a declarar antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el eventual levantamiento de su inmunidad parlamentaria, un trámite legal imprescindible para continuar el procedimiento penal contra un eurodiputado.
El Supremo admitió a trámite la querella el pasado mes de junio. Los denunciantes, Diego Solier y Nora Junco, ratificaron recientemente su denuncia ante el instructor.
Los eurodiputados querellantes terminaron por dejar el partido de ‘Alvise’ y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos que encabeza el partido Hermanos de Italia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Solier y Junco, que secundaron al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de su Fundación Atenea, denunciaban que no solo venían siendo víctimas de una «continua campaña de hostigamiento» a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que ‘Alvise’ había publicado sobre ellos –en un ‘podcast’ y en un canal de Telegram–, sino que, incluso, habían llegado a «temer por su integridad física» al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.
Ambos sostienen que fueron objeto de una campaña continuada de hostigamiento a través de redes sociales y canales digitales vinculados a Pérez, en la que se habrían difundido datos personales y referencias a su localización.
Según consta en la causa, tras la filtración de sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles en redes sociales, los querellantes recibieron un volumen muy elevado de mensajes ofensivos y amenazas.
Afirman que esta situación les generó una sensación permanente de inseguridad que les obligó a modificar sus hábitos cotidianos, restringir su actividad en redes y limitar sus comunicaciones personales, con un impacto directo tanto en su vida privada como en su labor parlamentaria.
Indicios para esta causa
La Sala de lo Penal considera que los hechos denunciados presentan indicios suficientes para ser investigados como posibles delitos de acoso y revelación de secretos.
El Supremo subraya, además, que esos llamamientos habrían continuado incluso después de que algunos seguidores manifestaran abiertamente su intención de alterar el normal desarrollo de la vida de los denunciantes.
Como ejemplo, cita una intervención del pasado 20 de abril en la que Pérez animó a sus seguidores a increparlos públicamente y a exigirles explicaciones, lo que, a juicio del tribunal, podría reflejar una intención consciente de provocar una persecución colectiva con efectos relevantes sobre la vida cotidiana de las presuntas víctimas.
Esta es la cuarta causa que el Supremo dirige contra el dirigente de SALF. A las investigaciones ya en curso —por la difusión de una PCR falsa del exministro y actual presidente catalán Salvador Illa, el presunto acoso en redes a la fiscal Susana Gisbert y la supuesta financiación ilegal del partido tras recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain— se suma ahora esta nueva querella, admitida a trámite el pasado 27 de junio con el aval de la Fiscalía.
