La Inteligencia Artificial (IA) ya ha cruzado la puerta de los juzgados…. y no siempre de la mejor manera. En el último mes tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJCan) y la Audiencia Provincial de Alicante han reprochado a dos abogados por un uso negligente de estas herramientas.
Ello no quiere decir que se prohiba al letrado a usar la IA, ya que innegablemente se ha convertido ya en una herramienta habitual en el ejercicio profesional del Derecho. Por ello, algunas universidades están integrando recursos formativos en IA para evitar que sus alumnos reproduzcan prácticas negligentes, como aceptar sin verificar las respuesta que ofrecen estos sistemas..
Entre ellas se encuentra la Universidad Rey Juan Carlos, que ha creado el laboratorio AI-LEARN con el apoyo de Maite.IA —una de las primeras IA española especializada en Derecho— y que lidera el profesor Antonio Serrano Acitores; el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y a la vanguardia de las últimas novedades en el sector legal; y la Universidad CEU San Pablo, que lleva dos cursos ofreciendo a los estudiantes de Derecho una amplia oferta de aplicaciones IA.
La excelencia académica, ligada al dominio del entorno digital
ISDE ha evolucionado de una escuela jurídica tradicional a una organización plenamente digital, por lo que la integración de herramientas IA en su oferta académica es «un paso natural» en su ADN: «Cuando los despachos y empresas comenzaron a incorporar tecnología avanzada y, más recientemente, inteligencia artificial, ISDE entendió que no podía seguir formando juristas para un contexto que ya no existía», contesta Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE.
«A ello se suma una convicción estratégica: la excelencia académica hoy no puede desligarse del dominio del entorno digital», añade Sánchez Puig.
Desde la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha impulsado el laboratorio AI-LEARN, un espacio dedicado a la enseñanza práctica del Derecho con IA: «Toda revolución tecnológica debe provocar una revolución educativa», dice Antonio Serrano Acitores, profesor y coordinador de Digitalización, Innovación y Comunicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la URJC.
«Formarse en IA no es opcional: o eres distinto o eres sustituible. AI-LEARN nace para integrar ‘Legaltech’ e IA en docencia e investigación con estándares exigentes, poniendo por delante los derechos fundamentales y el criterio jurídico, y formando juristas capaces de trabajar con estas herramientas como lo harán en la práctica profesional», añade el profesor de la URJC.
En la Universidad CEU San Pablo fomentan que sus alumnos de Derecho prueben herramientas la IA desde hace dos cursos: «El uso de la IA debe formar parte obligatoria de la formación jurídica avanzada, del mismo modo que hoy lo son las bases de datos jurídicas o las técnicas de investigación», cuenta en conversación con Confilegal Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, además de socio de Martínez-Echevarría Abogados.
En esta universidad tanto alumnos como profesores pueden acceder a plataformas generales como ChatGPT o Gemini o las aplicaciones de IA propias de las bases de datos jurídicas y académicas como K+ IA de Aranzadi LA LEY o Sof-IA de Tirant Lo Blanch: «No se trata de enseñar “tecnología”, sino de enseñar Derecho en un contexto profesional real. El jurista que no sepa interactuar con sistemas de IA estará en clara desventaja».
El reto: enseñar a usar la IA con propósito
El objetivo de integrar estas herramientas en el itinerario formativo del futuro abogado es sencillo: que el estudiante conozca las herramientas que luego se encontrará en el despacho.
«Los alumnos perciben enseguida que, bien usada, la IA mejora el aprendizaje: les ayuda a estructurar, iterar y mejorar la calidad de su trabajo, y al mismo tiempo les obliga a ser más críticos porque tienen que verificar y justificar», concede Serrano sobre cómo los alumnos están acogiendo la iniciativa que han impulsado.
«Cuando el marco de uso está claro, la iniciativa se entiende como una competencia profesional imprescindible y como una ventaja real de formación», añade el profesor de la URJC.
En esta línea también se la CEU San Pablo, donde es está impulsando a que sea el estudiante quien adquiera competencias jurídicas reforzadas por la IA, pero insistiendo en que estos sistemas no pueden sustituir su criterio: «Aprenden a formular problemas jurídicos complejos, a depurar preguntas, a contrastar fuentes, a detectar sesgos y errores y a integrar el resultado en un razonamiento jurídico sólido».
«La IA se convierte así en una herramienta de apoyo a la argumentación, al análisis normativo y jurisprudencial y a la redacción técnica, siempre bajo el control del jurista y guiada por su criterio profesional», subraya Martínez-Echevarría.
Desde ISDE declaran que saber utilizar un sistema de Inteligencia artificial potencia «las competencias que definen al abogado excelente»: «Es decir, el criterio jurídico propio y pensamiento crítico, capacidad de análisis y síntesis, visión estratégica del caso y del negocio, toma de decisiones complejas o gestión eficiente del tiempo y los recursos», analiza Sánchez Puig.
Y todos coinciden en la misma premisa: la IA no sustituye al jurista, juez o fiscal, convive con la herramienta y le obliga a ser mejor.
«Para evitar dependencia, se debe aplicar una regla de oro: la IA puede sugerir, pero el alumno debe decidir, justificar y demostrar. Esto se concreta en trazabilidad del proceso, obligación de contrastar y citar fuentes, defensa oral del razonamiento y evaluación centrada en la calidad de la argumentación y la subsunción. Así la IA actúa como copiloto y no como piloto automático», insiste el profesor Serrano.
Preparando al «abogado del Siglo XXI»
El movimiento no es solo académico, también es un mensaje hacia fuera. Para las facultades que han apostado por incorporar la inteligencia artificial de forma sistemática, la formación con estas herramientas funciona como una declaración de intenciones ante despachos, empresas e instituciones.
«Nuestros egresados están preparados para el ejercicio real del Derecho del siglo XXI», subraya el decano de la Facultad de Derecho de la CEU San Pablo, que insiste en que el reto no es tecnológico, «sino cultural y metodológico», y pasa por repensar cómo se enseña, se evalúa y se entrena el juicio jurídico, con reglas claras sobre uso responsable y ético.
Esa misma lógica es la que ha guiado ISDE Law School: «Entendimos que la IA afectaba a cuestiones clave como la forma de investigar y analizar el Derecho, la relación abogado-cliente, los estándares de eficiencia y calidad o la responsabilidad profesional y la ética», explica su CEO.
Por eso, añade, la inteligencia artificial debía incorporarse «en el núcleo del modelo educativo, de manera transversal, estructural y permanente».
Un paso adelante que estas universidades ya han dado, y al que se han sumado otros centros como IE Law School, que ha integrado Harvey en su formación jurídica. Un movimiento que anticipa un cambio profundo en la forma en que se están formando los abogados que llegarán al mercado en los próximos años.
