La exmilitante del PSOE Leire Díez ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que levante el secreto de sumario de la causa en la que se la investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
La petición ha sido formulada por su defensa a través de un recurso en el que se argumenta que los hechos investigados “habrían sucedido entre los años 2021 y 2023”, por lo que, a su juicio, no concurriría una necesidad actual que justifique la adopción de medidas calificadas como “gravosas”.
En el escrito, la abogada de Díez destaca la colaboración de su representada con la investigación, subrayando que “no solo facilitó inmediatamente el acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas” a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sino que “jamás ha dejado de comparecer cuando ha sido llamada” por la autoridad judicial.
La defensa cuestiona además la prórroga del secreto de sumario acordada por el magistrado Pedraz el pasado 9 de enero, al considerar que resulta “contraria a derecho”. Según expone, la falta de motivación suficiente en el auto de prórroga supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho de defensa y del principio de contradicción, lo que, a su entender, generaría indefensión y la nulidad de la resolución.
Bloqueo total de las cuentas de Leire Díez
Asimismo, la letrada advierte de que el “bloqueo total” tanto de las cuentas de Leire Díez como de las de “todas aquellas que pudieran mantener abiertas sus familiares” podría afectar “de modo esencial a los derechos e intereses legítimos” de la investigada.
En esta causa también están siendo investigados el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. El pasado 13 de diciembre, el magistrado Antonio Piña acordó su puesta en libertad, junto a la de Díez, bajo la imposición de medidas cautelares.
El juez acordó para los tres la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial, tras haber sido detenidos esa misma semana por agentes de la UCO.
