Es muy probable que una amplia mayoría de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados vote en los próximos días la actualización de las pensiones españolas, convalidando de esta forma el decreto ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.
Se resuelve así el problema generado tras el rechazo al anterior decreto ley, en el que el Gobierno incorporó otra serie de asuntos del denominado ‘escudo social’ que no eran del agrado de algunos de sus socios habituales.
Parece razonable hacer una lectura positiva de ese apoyo, que todo apunta a que será muy amplio en tiempos en los que la polarización impide al arco parlamentario ponerse de acuerdo en si llueve o hace sol.
Ese respaldo mayoritario nos dice, por un lado, que siguen quedando cuestiones que todos los grupos políticos quieren seguir dejando al margen del debate cotidiano.
Y por otro, que la jubilación y el bienestar de los pensionistas es uno de esos asuntos en lo que todos coinciden que hay cuidar con esmero.
El discurso público también ayuda, pues se entiende que la pensión no es más que la compensación a quienes contribuyeron al sistema durante más de 38 años… y a quienes por diferentes cuestiones no pudieron contribuir durante tanto tiempo.
Dilaciones incomprensibles
Precisamente por eso no terminan de entenderse las reiteradas dilaciones que está sufriendo en el Congreso la proposición de ley de Reforma de la Seguridad Social que tiene como objetivo establecer una Pasarela al RETA para los mutualistas alternativos que así lo deseen.
Porque los compañeros que ahora reclaman una pensión digna son precisamente los que llevan décadas contribuyendo al sistema con diferentes cuantías, pero siempre cumpliendo con las que les impusieron las normas que emanaron de la Seguridad Social.
La proposición de ley fue registrada en noviembre de 2024 y tomada en consideración por el pleno del Congreso en abril del año pasado.
El texto, si bien complejo, no es demasiado extenso y los aspectos a negociar están muy claros desde el pasado mes de septiembre. Sin embargo, los mutualistas siguen a la espera sin contemplar un horizonte definido.
El pasado mes de noviembre, el Consejo General de la Abogacía Española recordaba que desde que estalló el conflicto y la reclamación cobró fuerza, más de 5.000 mutualistas han cumplido la edad legal para jubilarse sin saber qué hacer ante la inminencia del cambio legal.
Este año que acaba de comenzar, otros 3.900 se verán ante la misma tesitura.
Es cierto que las cifras son insignificantes comparadas con los casi 9,5 millones de pensionistas que hay en nuestro país. Pero precisamente por eso no se termina de entender la demora de regular la incorporación a la Seguridad Social a nuevos pensionistas que llevarán consigo su contribución de décadas de esfuerzo.
Los pensionistas españoles se merecen que sus representantes políticos se pongan de acuerdo para generar la estabilidad que merecen después de cuatro décadas de trabajo y contribución a la sociedad. Los mutualistas no merecen menos.
Ignacio Gally Presiden
