El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, ha solicitado al Ministerio del Interior que le informe, en un plazo máximo de diez días, de los viajes que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez, hayan realizado a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia.
El magistrado se dirige a la Oficina Nacional de Información del Pasajero para que concrete “los posibles viajes” efectuados a dichos destinos desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad.
Una petición que se produce después de que ambas investigadas hayan “declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación” de estos desplazamientos.
En la misma resolución, el instructor requiere a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que, en idéntico plazo de diez días, remita al Juzgado los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde esa misma fecha.
El juez precisa que el análisis de esos correos será realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Nula colaboración de Begoña Gómez y Cristina Álvarez
El magistrado critica en su auto “la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas”, quienes —señala— han ejercido “en total ejercicio de sus derechos fundamentales”, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión en el caso de Begoña Gómez, que declaró únicamente a preguntas de su abogado.
Peinado añade que “igualmente, el esposo de la citada investigada, actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando tuvo la oportunidad de colaborar en esta investigación, se acogió a la dispensa”.
El juez reconoce que se trata de una “postura totalmente legítima”, pero advierte de que la negativa a facilitar los pasaportes obliga a acudir a “otras vías de investigación”, como las diligencias ahora acordadas, que considera “necesarias e idóneas”.
En este contexto, el instructor apunta que, aunque podrían haberse adoptado otras medidas —“como incluso la de entrada y registro de los domicilios de las investigadas”—, dicha diligencia habría resultado “desproporcionada”.
Cabe recordar que el juez Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación.
