El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha asistido a la 54ª Conferencia Europea de Presidentes de Consejos de la Abogacía (EPK), que se celebra en Viena, tras participar en la reunión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), donde encabezó la delegación española.
Durante estos encuentros, la abogacía europea ha definido su hoja de ruta para 2026. González ha intervenido en la elaboración del plan de trabajo en el marco de las reuniones de las instituciones de la abogacía europea.
“Estamos abordando temas fundamentales que nos permitirán seguir avanzando en la mejora del ejercicio y de los derechos de los abogados en Europa, claves para la Abogacía Española”, afirmó.
La sesión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea se celebró ayer jueves y fue la primera en la que participa como vicepresidenta segunda la abogada española Noemí Alarcón, miembro de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía Española, desde que inició su mandato el 1 de enero de este año.
En esa reunión se aprobó la propuesta formulada por Alarcón, con el apoyo de la delegación española, para que el CCBE intervenga como amicus curiae ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Urša REGVAR contra Eslovenia.
El asunto se refiere a una nueva disposición que obliga a los abogados de refugiados a comunicar a las autoridades estatales información relevante sobre las personas a las que representan.
Alarcón subrayó que, a juicio del CCBE, esta medida supone “una violación del secreto profesional del abogado y de la confidencialidad de la comunicación entre el cliente y el abogado”, y expresó la preocupación de que una legislación de este tipo pueda replicarse en otros países.
Secreto profesional en la Abogacía
La cuestión del secreto profesional también se abordó en relación con la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y la aplicación de la DAC6.
En su respuesta a la consulta pública, el CCBE solicitó que se incluya la obligación de los Estados miembros de prever una exención respecto de la información sujeta al secreto profesional.
Asimismo, se analizaron la movilidad de los abogados dentro de la Unión Europea y el reconocimiento de las cualificaciones de profesionales procedentes de terceros países.
En la respuesta a la consulta pública sobre la Iniciativa para la Transferibilidad de las Competencias, que contó con el apoyo de la delegación española, se puso de manifiesto que el marco vigente en la UE ya garantiza la seguridad jurídica en ambas cuestiones, por lo que el CCBE no considera necesarios cambios.
La delegación española respaldó igualmente la respuesta del CCBE a la consulta de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado sobre el borrador de un posible convenio relativo a procedimientos paralelos y acciones conexas con jurisdicciones extracomunitarias.
En el marco de su agenda en Viena, el presidente de la Abogacía Española mantendrá además una reunión bilateral con la Law Society, así como un encuentro con las presidencias de las abogacías de Portugal, Italia y Francia, en el que también participará Noemí Alarcón.
Libertad, seguridad y Estado de derecho
La Conferencia ha abordado también el debate sobre el equilibrio entre libertad y seguridad en un contexto marcado por el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia, el fraude digital y las amenazas híbridas.
Bajo el título “Libertad frente a seguridad: el Estado de derecho bajo la presión de la delincuencia moderna”, los presidentes europeos analizaron uno de los asuntos que más preocupan a la sociedad.
En este escenario, la abogacía reivindicó su papel como garante del Estado de derecho y de los derechos fundamentales. “Corresponde a los profesionales del Derecho velar por que las políticas de seguridad se articulen dentro de límites jurídicos claros, con control judicial efectivo y respeto estricto a la privacidad, la presunción de inocencia y el debido proceso”, destacó Salvador González.
Los presidentes escucharon también la intervención de Julian Siegl, jefe de unidad en la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea.
La respuesta de los Estados ante la delincuencia moderna ha implicado un progresivo refuerzo de los instrumentos de control, supervisión y recopilación de datos, incluido el uso de tecnologías biométricas y sistemas avanzados de identificación, incluso respecto de menores. Estas cuestiones forman parte asimismo del diálogo en curso entre las instituciones de la abogacía europea y las de la Unión Europea.
