El Congreso de los Diputados aprobó ayer una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) destinada a endurecer las penas contra la multirreincidencia, una iniciativa impulsada por Junts que el Gobierno aceptó para desbloquear otras negociaciones parlamentarias.
La norma salió adelante con 302 votos, los del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN; un 87,4 % del total.
Sumar y los socios de izquierda —Bildu, Podemos, BNG y Compromís— votaron en contra, con 36 votos.
Los 8 votos de ERC optaron por la abstención tras pactar con el Ejecutivo el aumento de la plantilla judicial en Cataluña.
La votación puso de relieve la fractura dentro del bloque gubernamental.
Desde Junts, la diputada Marta Madrenas defendió que la ley “nace del territorio” y llega tarde tras “bloqueos y dilaciones”, pero sostuvo que permitirá combatir la impunidad y dotar de una herramienta “eficaz y equilibrada” a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
El PP, a través de Cuca Gamarra, celebró el desbloqueo de una norma que, a su juicio, reconoce que la reiteración convierte el delito leve en grave y que “reincidir ya no sale gratis”.
El PSOE respaldó la reforma, aunque marcó distancias con los discursos más duros. El diputado Francisco Aranda advirtió de que es “muy peligroso” equiparar inmigración y delincuencia y defendió que el Ejecutivo actúa desde una óptica de izquierdas, sin fiarlo todo al endurecimiento penal.
Vox, a través del diputado Juan José Aizcorbe, consideró la reforma “necesaria, pero no suficiente” y sostuvo que la realidad de la delincuencia habitual termina imponiéndose. El PNV, por su parte, a través de su portavoz, Mikel Legarda, justificó su apoyo señalando que la legislación vigente resultaba ineficaz frente a hurtos y estafas reiterados y alimentaba la sensación de impunidad.
Las críticas más severas llegaron desde Sumar y los grupos de izquierda. El portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, secretario general del PCE, denunció que la norma endurece las penas para delitos de escasa entidad mientras mantiene la impunidad de los más poderosos, y alertó de que este enfoque refuerza a la ultraderecha.
Podemos y Bildu coincidieron en calificar la reforma de “populismo punitivo” y en cuestionar su eficacia para prevenir delitos leves.
ERC, pese a su abstención, subrayó, a través de Pilar Vallugera, que la realidad no se corrige “a golpe de Código Penal” y reprochó la incapacidad de la Administración de Justicia para dar respuestas en tiempo y forma.
Lo que supone la reforma
La reforma, registrada por Junts en marzo de 2024 y reactivada tras meses de parálisis política, introduce cambios relevantes en el régimen de los delitos patrimoniales.
La reforma penal impondrá una multa de 1 a 3 meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de 1 a 3 años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves, cuando exista multirreincidencia acreditada.
Incorpora además un agravante específico para la sustracción de teléfonos móviles u otros dispositivos con datos personales y extiende el tratamiento penal de la multirreincidencia a las estafas cometidas con ánimo de lucro mediante engaño suficiente, modulando la pena según el perjuicio causado y las circunstancias del caso.
En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro».
Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
La norma amplía también el catálogo de medidas cautelares, permitiendo a los jueces imponer prohibiciones de acceso a determinados lugares o de aproximación y comunicación con personas concretas para prevenir nuevos delitos.
Además, introduce penas de prisión de uno a cinco años para el llamado petaqueo, el apoyo logístico a las narcolanchas mediante el suministro o transporte temerario de combustible en contra de la normativa vigente.
Tras su aprobación en el Congreso, la iniciativa inicia ahora su tramitación en el Senado, donde el Gobierno espera culminar una reforma que ha evidenciado, una vez más, las tensiones internas del actual equilibrio parlamentario. El periodo para que eso ocurra es de dos meses.
