Carmen Giménez Cardona lleva casi once años en la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Los cuatro últimos como vicedecana.
Podría haber dado un paso al lado, pero ha elegido otro camino: presentarse como candidata a decana. Lo hace convencida de que la profesión atraviesa un momento delicado, marcado por la falta de visibilidad, el desorden que ha traído consigo la Ley 1/2025 y un colectivo cada vez más envejecido.
En esta entrevista, acompañada por Javier Zabala Falcó —su candidato a vicedecano—, Giménez Cardona defiende con firmeza que los procuradores no son prescindibles, reclama un diálogo más fluido con tribunales y autoridades judiciales, y propone medidas concretas: revisar las cuotas colegiales, impulsar la justicia gratuita y lograr que los procuradores sean reconocidos plenamente como agentes de ejecución.
El próximo 26 de febrero tendrán lugar las elecciones a las que se presentan tres candidatos. Giménez Cardona se muestra confiada en los resultados.
«Si no existiéramos», afirma, «las funciones que cumplimos tendrían que realizarse de todos modos».
¿Por qué ha decidido presentarse a decana del Colegio de Procuradores?
Después de casi once años formando parte de la Junta de Gobierno —primero como vocal y después como vicedecana— podía haber decidido dar un paso al lado. Sin embargo, opté por aprovechar todo el conocimiento y la experiencia adquiridos durante ese tiempo y presentarme como decana.
¿A su juicio, cuál es el principal problema que tienen los procuradores de Madrid?
Los procuradores afrontan hoy problemas que no se limitan a Madrid, sino que afectan a toda España. El primero es la falta de visibilidad: muchas personas no conocen bien cuál es su papel. A esto se suma el impacto de la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que ha generado un notable desorden en los juzgados y está dificultando el trabajo diario.
Además, se trata de un colectivo cada vez más envejecido, lo que plantea retos importantes relacionados con la jubilación, la mutualidad (el sistema alternativo de previsión social) y la enfermedad. En muchos casos, los profesionales necesitan apoyo directo de su colegio.
Con todo, el problema más urgente sigue siendo la situación en los órganos judiciales y la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía el papel esencial de esta profesión en el camino hasta obtener una sentencia.
Hay quien dice que los procuradores son prescindibles….
La labor del procurador es necesaria porque si no existiéramos, las funciones que cumplimos tendrían que realizarse de todos modos. Si no las hace un profesional especializado, tendría que asumirlas otra persona. Las profesiones desaparecen cuando dejan de ser útiles, y este no es el caso.
Hoy sigue siendo imprescindible contar con alguien que impulse los procedimientos judiciales y controle los actos de comunicación. Esto incluye tareas como recibir y enviar notificaciones, presentar escritos y realizar gestiones que ayudan a que los procesos sean más ágiles y eficientes.
“Avisamos de plazos, ordenamos el procedimiento, asesoramos en cuestiones procesales y ayudamos a que el abogado y el cliente no cometan errores que pueden ser decisivos”, interviene Javier Zabala Falcó, candidato a vicedecano en el “ticket” electoral de Carmen Giménez Cardona, presente en la entrevista.
“La esencia de nuestra profesión es lo procesal, pero no basta solo con eso. Al tener acceso diario a la parte sustantiva del Derecho, también es necesario conocerla. Muchas veces lo procesal y lo sustantivo se entrelazan, y el procurador debe ser capaz de manejar ambos planos para dar soluciones eficaces”, precisa.
Me han contado que la procura está sintiendo el impacto en sus ingresos debido a la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que ha reducido el número de casos en un 15 o un 20%. ¿Es correcto?
La Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia de la Justicia, entró en vigor el 3 de abril y, en lo que respecta a los MASC —los métodos alternativos de solución de controversias—, su efecto inicial ha sido una reducción de la actividad. Confío en que no sea un freno permanente, sino solo una ralentización temporal.
El problema principal es la falta de claridad de la Ley sobre algunos de estos métodos. Más allá de la conciliación y la mediación, figuras como la oferta vinculante o la negociación directa están generando muchas dudas, especialmente entre los abogados, a la hora de acreditar que se cumple el requisito previo para poder presentar una demanda.
Esto nos afecta directamente, porque en muchos casos la demanda no llega a presentarse o, si llega, no se admite por no existir aún criterios claros sobre cómo aplicar la norma.
«El problema de fondo es que no se ha definido bien en qué consiste exactamente el llamado ‘requisito de procedibilidad’ para los MASC, es decir, la obligación de intentar antes un acuerdo extrajudicial»
Recientemente un juez de instrucción de una localidad de Badajoz presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre los MASC. ¿Tiene recorrido? ¿Qué opina usted?
Creo que este debate tiene todo el sentido, igual que lo tuvo la proposición no de ley aprobada recientemente en el Congreso, en la que se pedía al Gobierno que modificara la normativa en aspectos concretos, como los procedimientos monitorios (reclamaciones rápidas de deudas), las cuotas de comunidades de propietarios o algunos asuntos de familia.
El problema de fondo es que no se ha definido bien en qué consiste exactamente el llamado “requisito de procedibilidad” para los MASC, es decir, la obligación de intentar antes un acuerdo extrajudicial.
Por ejemplo, en un conflicto familiar donde una parte vive en España y la otra en el extranjero, exigir este trámite previo puede provocar que una de ellas se adelante y presente la demanda antes, generando desigualdad.
Algo parecido ocurre con las comunidades de propietarios: obligar siempre a intentar un acuerdo puede perjudicar a los vecinos que sí están al día en sus pagos.
Por todo ello, considero que la lista de casos establecida en la Ley 1/2025 debería revisarse y mejorarse, ya que no todos los conflictos son adecuados para someterlos automáticamente a un método alternativo de resolución de conflictos.
Hace un año y cuatro meses el ministro de Justicia dijo en los premios de Confilegal que les iba a conferir finalmente la capacidad de ser agentes de ejecución. ¿Cómo está la cosa?
Esta ley ha introducido de forma muy limitada nuevas competencias para los procuradores. Digo “limitada” porque muchas de esas funciones, relacionadas con actuaciones materiales de ejecución (es decir, pasos prácticos para hacer cumplir una resolución judicial), ya las veníamos realizando desde hace tiempo. Aun así, puede considerarse un primer paso, aunque todavía modesto.
Uno de los avances por los que se está trabajando es el acceso al llamado punto neutro judicial, que administra el Consejo General del Poder Judicial; una plataforma que permite consultar si la parte contraria tiene bienes o recursos.
Esto conlleva una gran responsabilidad, ya que facilitaría al procurador impulsar la ejecución y solicitar al juzgado medidas como un embargo.
Todavía queda mucho camino para que el procurador sea considerado plenamente agente de ejecución, pero al menos ya se empieza a reconocer su papel en este ámbito y a hablar de su intervención directa en los procesos de ejecución.
¿Por qué cree usted que existe esa reticencia, por parte de algunas asociaciones de letrados judiciales para que ustedes ejerzan de agentes de ejecución? Al fin y al cabo, estarían a sus órdenes.
Es algo que nunca he terminado de entender. Siempre que he hablado con letrados de la Administración de Justicia se lo he dicho claramente: no quiero ir contra ellos, sino trabajar a su lado. Creo que los procuradores podemos colaborar desde fuera, ejecutando de forma práctica lo que ellos dirigen y supervisan.
De hecho, me parece positivo que haya un letrado de la Administración de Justicia detrás, controlando el proceso. Ese control es necesario y conveniente. Por eso no comprendo esa cierta reticencia que existe. Mi intención siempre ha sido cooperar, no competir ni quitar competencias a nadie.
¿Cuáles son los principales puntos de tu programa electoral.
Uno de los principales retos es dar mayor visibilidad a la profesión. Otro objetivo fundamental es seguir trabajando por la justicia gratuita, un ámbito en el que nunca se hace lo suficiente y en el que es necesario luchar por mejores condiciones y baremos más justos.
Además, en el momento actual resulta clave reforzar el diálogo y la coordinación con los tribunales y con las autoridades judiciales y administrativas. La nueva organización judicial ha generado bastante desorden y esto afecta directamente al trabajo diario del procurador.
Por eso, el profesional necesita sentir que su colegio está pendiente y le apoya. Mantener un contacto constante con los tribunales para saber qué ocurre en el día a día es, sin duda, una de las prioridades más importantes.
En lo que a política se refiere, ustedes tienen una buena relación con el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, pero no tienen relación con con el ministro de Justicia.
Creo que esta situación se debe a que se ha dejado el asunto en manos del Consejo General de Procuradores. Desde mi punto de vista eso ha sido un error. En el caso de Madrid, además, hay una circunstancia particular: dependemos tanto de la Comunidad como del Ministerio, lo que supone una doble dependencia que complica aún más la gestión.
Porque ustedes también actúan ante la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional.
Claro, por eso insisto en que los procuradores de Madrid también debemos tener voz en este asunto. Creo que ese es uno de los aspectos que no se ha gestionado correctamente.
Es necesario poder dialogar tanto con la Comunidad como con el Ministerio, porque lo que está en juego es la defensa de los intereses de los procuradores de Madrid, aunque solo afecte a esos ámbitos concretos de la organización judicial.
«En cuanto a las cuotas, creemos que, dado que el colegio está en una situación económica sólida, se puede plantear reducir la carga que suponen para los colegiados. De entrada, una de nuestras propuestas es eliminar la cuota fija en los meses de agosto y diciembre».
Cuando habla de dar más visibilidad a los procuradores en Madrid y de que se conozca mejor su trabajo, ¿a qué se refiere exactamente? Quienes estamos dentro del sector sabemos bien cuál es su función. La cuestión es si el público necesita entender mejor qué hacen ustedes procuradores y por qué su labor es importante.
Yo creo que sí, que es el público en general necesita conocer mejor nuestra labor. Muchas veces, cuando alguien entra en una sala de juicio, ve a una persona con toga sentada junto al abogado y puede pensar que está ahí sin más. Sin embargo, esa persona no está “ocupando una silla”: ha realizado un trabajo muy importante antes de llegar a ese momento.
Además, cuando termina el juicio, nuestra labor no acaba ahí. Después hay una serie de gestiones y trámites que también asume. Por eso es importante que se entienda bien qué significa la representación: no se trata solo de actuar en nombre de alguien, sino de saber en qué consiste realmente ese trabajo y todo lo que implica.
“La esencia de nuestra profesión es lo procesal, pero no basta solo con eso. Al tener acceso diario a la parte sustantiva del Derecho, también es necesario conocerla. Muchas veces lo procesal y lo sustantivo se entrelazan, y el procurador debe ser capaz de manejar ambos planos para dar soluciones eficaces”, vuelve a intervenir Zabala Falcó.
En cuestión de cuotas, ¿cuál es su planteamiento?
En cuanto a las cuotas, creemos que, dado que el colegio está en una situación económica sólida, se puede plantear reducir la carga que suponen para los colegiados. De entrada, una de nuestras propuestas es eliminar la cuota fija en los meses de agosto y diciembre.
Actualmente, en Madrid existe una cuota fija y otra variable que depende de cada procedimiento. La idea es suprimir la cuota fija en esos dos meses porque, en realidad, no se tramitan asuntos en esos periodos, que son inhábiles a efectos procesales. A partir de ahí, se podrían estudiar otras opciones.
En general, los colegiados piden un sistema más justo, en el que cada uno contribuya en función del trabajo que realiza y del número de asuntos que lleva.
Esta ha sido una demanda constante desde hace años; de hecho, es un mensaje que se viene repitiendo desde que yo misma me incorporé al colegio, incluso antes de ocupar cargos de responsabilidad. Siempre se ha defendido la idea de aportar de manera proporcional a la actividad de cada profesional.
¿Qué diferencia su candidatura de las otras candidaturas que están en liza?
No sabría decirlo con exactitud, pero creo que la diferencia principal está en el enfoque. Mi intención es, sencillamente, trabajar por el colegio y por los colegiados. No pienso que los demás no quieran hacerlo; lo que ocurre es que tenemos visiones distintas.
En cualquier caso, estoy segura de que los demás piensan algo parecido desde su propio punto de vista. Nadie duda de la buena intención de nadie, y todos creemos estar actuando en beneficio del colegio y de la profesión.
¿La digitalización de ha complicado el trabajo diario de los procuradores?
Al principio sí, fue complicado. Pero con el tiempo se ha convertido en algo totalmente normal. Si comparas cómo se trabajaba antes, cuando había que presentar escritos en distintos sitios de forma presencial, con la manera en que se hace ahora, el cambio es enorme, sobre todo para quienes llevamos muchos años en la profesión.
La digitalización ha traído ventajas claras, como mayor rapidez y comodidad. Sin embargo, también exige mucha atención. En algunos casos, da la sensación de que se da más importancia a la forma de presentar un escrito —cómo se envía o en qué formato— que a su contenido o al derecho que se está defendiendo.
Por eso, aunque al principio la digitalización nos complicó bastante el trabajo, y después ha facilitado muchas cosas, es fundamental ser muy cuidadosos. Al final, lo que está en juego es un derecho básico: el derecho de todas las personas a obtener una tutela judicial efectiva, es decir, a que los tribunales estudien y resuelvan correctamente sus asuntos.
¿Cree que la multa impuesta por la CNMC al Consejo General de Procuradores, ahora en la Audiencia Nacional, se resolverá favorablemente?
Espero que la multa se anule y, si no es así, al menos que la Audiencia Nacional la reduzca. En mi opinión, la sanción impuesta es claramente desproporcionada. Uno de los principales problemas es la base que se ha utilizado para calcularla, que me parece excesiva.
Para fijar la cuantía se han tenido en cuenta los llamados “ingresos universales”, es decir, todos los ingresos del colectivo, incluidos incluso los que proceden de la justicia gratuita, que es el sistema por el que se presta asistencia legal a quienes no pueden pagarla.
Me cuesta ver qué relación tiene eso con las posibles cantidades percibidas en el ámbito de las subastas, que es el asunto concreto al que se refiere la multa.
Por eso, confío en que, como mínimo, la sanción se reduzca. No es lo mismo calcular una multa sobre una base pequeña que hacerlo sobre una mucho mayor; la diferencia es enorme. Al menos, tengo la esperanza de que se revise esa base de cálculo y que la cuantía final sea más razonable.
Si fuera elegida decana, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?
No tengo una única acción concreta en mente, porque creo que el colegio necesita trabajar en varios frentes a la vez. Hay cuestiones que abordar desde el punto de vista laboral, económico y también de comunicación.
De hecho, la comunicación me parece especialmente importante para poder llevar adelante todo lo que quiero impulsar.
Dicho esto, si tuviera que señalar una de las primeras decisiones, sería retomar el diálogo con las autoridades. Viéndolo con calma, me parece fundamental volver a hablar y colaborar con ellas, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual en el que nos movemos.
¿Con el presidente del TSJ, el presidente de Audiencia Nacional, incluso con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial?
Incluso si es necesario.
¿Y con los decanos que ahora se llaman presidentes de Tribunales de Instancia?
Creo que es importante poner un ejemplo reciente. El otro día participé en una mesa redonda organizada por Aranzadi, en la que también intervino la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Ella explicó cómo se está llevando a cabo la implantación de la nueva ley y destacó algo que me pareció muy positivo: la celebración de reuniones periódicas en las que se comparten los problemas y situaciones que van surgiendo en distintos partidos judiciales, es decir, en las distintas zonas o demarcaciones de los juzgados.
Me pareció una idea excelente, porque cada partido judicial puede encontrarse con dificultades distintas. En uno surge un problema concreto y en otro, uno diferente. Compartir esa información permite buscar soluciones de forma conjunta.
Para mí, lo más importante es el trabajo diario que realizan los procuradores, y ellos necesitan sentir que el colegio está pendiente de estas cuestiones. Una buena manera de demostrarlo es precisamente retomar e intensificar el diálogo y la coordinación, buscando respuestas comunes a los problemas que aparecen.
Pensándolo ahora, creo que esa debería ser una de las prioridades: reforzar la comunicación y la colaboración con los distintos órganos judiciales y, por supuesto, con las autoridades, para ver cómo se puede mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.
