José Ángel González Jiménez, hasta ayer director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional —la máxima autoridad uniformada del Cuerpo con mando sobre más de 70.000 agentes— presentó ayer su dimisión tras hacerse público que se enfrenta a una querella por los supuestos delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
Todos ellos agravados por abuso de superioridad.
La querellante es una agente de policía con la que González Jiménez mantuvo en el pasado una relación sentimental. Relación que ella finalizó y que él, según el relato de la denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal, no aceptó.
David Yehiel Maman Benchimol, magistrado titular de la Plaza número 8 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, ha admitido a trámite la querella presentada por el abogado Jorge Piedrafita en nombre de su cliente.
El magistrado ha citado a González Jiménez el próximo 17 de marzo, junto a la víctima, para escuchar sus testimonios.
La publicidad de esta decisión es lo que empujó, en la noche de ayer, a González Jiménez a renunciar a su puesto.
Los hechos sucedieron el 23 de abril de 2025
Los hechos denunciados ocurrieron el 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial del DAO, sita en la calle Alberto Alcocer de Madrid, y se prolongaron durante meses con una campaña de acoso telefónico, amenazas veladas y presiones laborales para evitar la denuncia.
La querella, presentada el 9 de enero de 2026 por Piedrafita, aporta grabaciones de audio de los hechos y de conversaciones posteriores, registros de llamadas telefónicas —incluidas desde teléfonos oficiales del despacho del DAO— y mensajes de WhatsApp que documentan el presunto acoso.
Según el relato de la querella, todo comenzó la tarde del 23 de abril de 2025, cuando la víctima se encontraba de servicio en la Comisaría Local de Coslada (Madrid). A partir de las 14:15 horas recibió múltiples llamadas telefónicas del querellado requiriendo su presencia de forma «inmediata y perentoria».
Ante la negativa inicial de la agente —que alegó estar en servicio activo—, el alto cargo hizo uso explícito de su autoridad institucional para ordenarle que abandonara su puesto de trabajo y acudiera a su encuentro. Le instruyó para que lo hiciera utilizando un vehículo policial camuflado (un Renault Kadjar matrícula 1451 LHC) de la comisaría de Coslada.
Sobre las 16:30 horas, la agente se unió a la mesa donde el DAO comía con el Comisario Óscar San Juan González. Al finalizar, el querellado ordenó al comisario que se marchara con su conductor y mandó a la víctima que lo llevara a su domicilio oficial en el citado vehículo policial.
Presión psicológica para subir al domicilio
Una vez frente al inmueble de la calle Alberto Alcocer, el querellado propuso a la víctima subir a la vivienda. Ella se negó de forma verbal, expresa y reiterada, manifestando su incomodidad y su deseo de regresar a su puesto de trabajo.
Durante un período estimado en 15 a 20 minutos dentro del vehículo oficial, el DAO desplegó una «intensa presión psicológica» hasta lograr, según la denuncia, «doblegar la voluntad de la víctima».
Le dijo que solo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque podía verles alguien —el portero o los vecinos—. Finalmente, la agente accedió a subir «bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a hablar».
Agresión sexual en la cocina
Una vez dentro del domicilio oficial, concretamente en la cocina, el querellado sirvió dos cervezas e inició de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual que fue rechazado «de forma verbal, expresa, rotunda y continuada» por la víctima.
La querella describe con detalle —y afirma que está sustentado por una grabación de audio— lo que ocurrió a continuación: «El querellado manifiesta a la víctima que no puede irse de la vivienda con exabruptos, así como la insistencia en la práctica de actos sexuales que la víctima rechaza de forma expresa en todo momento, pese a lo que el querellado de forma insistente toca con su mano en la vagina a la víctima, le introduce los dedos y comienza a masturbarla.»
Ante las negativas reiteradas de la agente, el DAO —según el relato— le dijo que estaba «gilipollas», que «hacían el amor y se iban», e incluso amenazó con forzarla y le pidió que lo hiciera «por él».
La denuncia describe que el querellado procedió a bajar el pantalón a la víctima de forma inconsentida y sorpresiva, introdujo de nuevo los dedos en su vagina, y con su otra mano cogía la mano de la víctima y se la llevaba a su miembro erecto mientras exclamaba que ella no podía dejarle, que tenía «muchas ganas de estar con ella».
Tras conseguir zafarse, la víctima abandonó el domicilio, recogió el vehículo policial, lo devolvió a la comisaría de Coslada y se dirigió a su domicilio particular, donde sufrió una crisis de ansiedad severa con llanto incontrolado, temblores, hiperventilación y bloqueo emocional.
El acoso posterior
Tras los hechos del 23 de abril, el querellado, José Ángel González, habría iniciado una campaña continuada de acoso y manipulación psicológica para mantener control sobre la víctima, minimizar su conducta, culpabilizarla e impedir que denunciara.
Ese mismo día realizó 17 llamadas sin respuesta y, ante el silencio, envió mensajes insultantes y culpabilizadores por WhatsApp, intentando invertir los roles de agresor y víctima. La víctima le pidió expresamente que cesara el contacto.
El 24 de abril, el querellado habría usado teléfonos oficiales además del personal para llamar, con el fin de eludir el bloqueo, lo que la querella califica como uso de medios públicos para fines privados. La conducta se reiteró en mayo con nuevas llamadas desde números personales y oficiales.
El 22 de mayo, tras insistencia, se produjo una conversación telefónica clave: el querellado negó y luego minimizó los hechos (“antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo”) y profirió amenazas veladas de consecuencias profesionales, insinuando un puesto de trabajo.
En julio, intervino Óscar San Juan González, comisario asesor del querellado. Tras varias llamadas, el 13 de julio propuso a la víctima que eligiera el destino laboral que quisiera, oferta que ella rechazó y que la querella interpreta como intento de coacción mediante compensación laboral para comprar su silencio.
El 24 de julio de 2025, la víctima fue destinada a Recursos Humanos en la misma sede que el querellado y recibió nuevas llamadas desde su despacho.
Al no responder, informó a la subdirectora Gema Barroso, quedando el episodio vinculado al impacto laboral y personal de los hechos denunciados. encontraba en condiciones de trabajar por salud mental. Fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida, y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, situación que se mantiene a fecha de interposición de la querella, el 9 de enero pasado.
Hechos muy graves
Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, señala «que nos encontramos ante hechos muy graves cometidos y sustentados con prueba objetiva, dentro del ámbito del servicio policial, con el enorme abuso de autoridad por el máximo mando del cuerpo policial que debe proteger a la ciudadanía, las mujeres y sus propias funcionarias».
«En este sentido ante el elevado riesgo que genera esta situación inédita en la Policía Nacional, se reclama al Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska que adopte todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe por unos hechos que sientan un peligroso precedente, que nunca debería haberse producido», añade.
El abogado imputa a González Jiménez un delito de agresión sexual con penetración (artículos 178 y 179 del Código Penal), un delito de lesiones psíquicas (artículo 147.1 del CP), un delito de coacciones (artículo 172.1 del CP), y un delito de malversación de caudales públicos (artículo 432 del CP).
La querella sostiene que todos los delitos se cometieron con abuso de superioridad (artículo 22.2 CP), circunstancia que agrava la responsabilidad penal.
La Polícia víctima, de baja
La querella describe un grave menoscabo de la salud mental e integridad psíquica de la víctima como consecuencia directa de la agresión sexual y del acoso posterior. La sintomatología ha sido diagnosticada como trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual, caracterizado por: crisis de ansiedad recurrentes, sintomatología depresiva, insomnio y alteraciones del sueño, pensamientos intrusivos recurrentes sobre la agresión, evitación de lugares y situaciones relacionadas con el agresor y afectación severa de su capacidad funcional laboral y social.
Desde el 28 de julio pasado, la víctima se halla de baja médica por incapacidad temporal derivada de la sintomatología ansioso-depresiva reactiva, situación que se mantiene en la actualidad.
Quién es José Ángel Giménez
González Jiménez desempeñaba el cargo de director adjunto operativo desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, hace ya casi ocho años, y se había convertido en uno de sus colaboradores de mayor confianza.
Prueba de ello fue la reforma de la ley de personal del Cuerpo impulsada por Interior para permitir que un comisario principal pudiera mantener ese puesto sin límite de edad.
A tan solo un mes de su jubilación, al cumplir los 65 años, el Ministerio introdujo esa modificación de forma discreta en un decreto de ayudas por la Dana de Valencia, aprobado en noviembre de 2024, alegando que el número dos del Cuerpo era «una figura indispensable en el despliegue policial para las tareas de rescate y recuperación en las zonas afectadas».
Ingresó en el Cuerpo en 1984, tras su paso por la Academia General Militar, y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.
Durante casi dos décadas estuvo al frente de la VII UIP, con sede en Valladolid. Más adelante ocupó la Comisaría de Alicante, fue comisario provincial de Valladolid durante nueve años y ejerció como jefe superior de Policía en Melilla y en Aragón.
En su etapa como director adjunto operativo participó en la coordinación del dispositivo de seguridad tras la sentencia del procés y en la gestión policial de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, además de comparecer en la investigación del caso Gali.
Ha recibido la Gran Cruz del Mérito Militar en 2023 y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en 2024.
