El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este viernes que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no otorga al presidente la facultad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en un fallo que constituye el mayor revés judicial para Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
“La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”, concluye la sentencia del alto tribunal, adoptada por una mayoría conservadora de 6 a 3. La resolución respalda el criterio de una instancia inferior, que ya había considerado que la utilización de esta ley de 1977 por parte del mandatario excedía sus competencias. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh formularon votos discrepantes.
El Supremo rechaza así la interpretación del Gobierno, que defendía que la IEEPA habilitaba al presidente para imponer unilateralmente aranceles sin las limitaciones procesales previstas en otras leyes comerciales. El tribunal subraya que la Casa Blanca debe “aducir una autorización clara del Congreso” para justificar una atribución de carácter extraordinario como la imposición de gravámenes.
En su argumentación, la corte sostiene que la facultad de “regular… la importación” recogida en la norma resulta insuficiente para fundamentar la política arancelaria impugnada, y recuerda que la legislación de emergencia no menciona aranceles ni derechos. “Hasta ahora ningún presidente ha leído la IEEPA para conferir tal facultad”, señala el fallo.
Trump ya avisó de las consecuencias
El tribunal insiste además en el alcance limitado de su intervención: “No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución”, añade la resolución, que reitera que la norma invocada no habilita al Ejecutivo para imponer tarifas.
Trump había advertido a mediados de enero de que una decisión contraria supondría “un completo desastre” y obligaría al país a devolver “billones” de dólares. Los aranceles globales anunciados en abril de 2025 fueron recurridos por una docena de estados y por empresas estadounidenses, que sostienen que el presidente se extralimitó al imponerlos mediante órdenes ejecutivas apoyadas en la IEEPA, una ley que permite regular o prohibir transacciones internacionales en situaciones de emergencia nacional.
El Supremo escuchó los argumentos de la Administración en noviembre de 2025, junto con los de un tribunal federal que ya había concluido que el mandatario invocó indebidamente una norma de emergencia para gravar a decenas de socios comerciales. Previamente, el Tribunal de Comercio Internacional había determinado en mayo que el presidente se excedió en su autoridad al aplicar esta legislación para articular su política arancelaria.
La resolución abre ahora la puerta a un escenario jurídico complejo, en el que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.
