El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, tiene claro lo que espera de la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita: que no sea un simple retoque.
La norma vigente cumple tres décadas este año y el Gobierno la tiene en su calendario normativo, pero González advierte de que el momento exige algo más que una actualización. «Es una oportunidad para mejorar y hay que abordarla con ambición», señaló en rueda de prensa tras el último pleno del Consejo.
La principal demanda que el Consejo ha trasladado al Ministerio es que la nueva ley incluya un Estatuto del Abogado de Oficio.
Según González, las propuestas elaboradas internamente —tras reunirse con asociaciones, consejos autonómicos y colegios de todo el territorio— apuntan a que «la ley debería contener un estatuto del abogado de oficio que contuviera derechos y obligaciones».
Una reivindicación que, en su opinión, la norma de 1996 dejó pendiente y que treinta años después ya no admite más espera, afirmó ayer en rueda de prensa.
«No vamos a ajustar la ley. Es una oportunidad para mejorar»
González reconoció que el Consejo aún no ha visto ningún borrador. «No hemos tenido ningún documento, ningún texto sobre el que trabajar», admitió, aunque subrayó que el trabajo de propuesta ya está hecho.
Su previsión es que «en este primer semestre vamos a tener un proyecto de ley en tramitación», momento en el que la Abogacía activará toda su capacidad de presión parlamentaria.
Para ello, el Consejo prevé una doble vía. Por un lado, las instituciones: el debate ya se abrió en el pleno de Cuenca con todos los decanos y se retomará en los próximos días con las asociaciones.
Por otro, el trabajo político directo con los grupos parlamentarios. «Queremos que todo ello impulse y empuje la mejor ley de justicia gratuita posible», explicó González.
El presidente del CGAE fue contundente al describir el diagnóstico de partida: España es, según los datos que la Abogacía presentó en la Conferencia de Presidentes de la Abogacía Europea en Viena, el país que más abogados de oficio contrata y, a la vez, «el que por asuntos peor paga». Una contradicción que, a su juicio, no puede perpetuarse en la nueva norma.
La trampa del debate anual
Uno de los argumentos más repetidos por González es la necesidad de acabar con la dinámica en la que cada año el grueso de la negociación se consume en discutir subidas de baremo.
«Era un poco triste que año tras año pasábamos el 80% del tiempo hablando de cómo había que subir, de cuándo había de subir, de que no tenían dinero», lamentó, recordando su experiencia negociando la justicia gratuita en Andalucía.
La solución que propone es estructural: que la nueva ley incorpore un mecanismo de actualización periódica automática de las retribuciones.
«Hay que actualizarlo porque eso nos permitiría poder hablar de cómo mejorar el sistema de justicia gratuita», argumentó. El criterio concreto —IPC, subida de funcionarios u otro índice— le importa menos que el principio: «como se sube a los funcionarios, como sube el IPC y las pensiones, como sube lo que sea, pero hay que actualizarlo».
España es, según los datos que la Abogacía presentó en la Conferencia de Presidentes de la Abogacía Europea en Viena, el país que más abogados de oficio contrata y, a la vez, «el que por asuntos peor paga». Una contradicción que, a su juicio, no puede perpetuarse en la nueva norma.
MASC: incentivar el acuerdo, una idea que ya funciona y que el Ministerio ha asumido
Más allá del baremo, González dedicó un tramo significativo de su intervención a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), cuya integración en la justicia gratuita considera uno de los cambios más relevantes que puede traer la nueva ley.
Y, en este punto, se mostró explícitamente satisfecho: el Ministerio ha recogido el planteamiento. «Hay mensajes que sí han entendido, son mensajes con los que yo compartí en Andalucía, con la Comunidad Autónoma, y que se acogieron bien y ahora se ha acogido por el Ministerio».
La medida concreta es pagar igual o más al abogado que logra un acuerdo que al que lleva el asunto a juicio. Durante décadas, el sistema de baremo hacía exactamente lo contrario, bajo la premisa de que cerrar una causa mediante acuerdo implicaba menos trabajo.
«Teníamos en el baremo, a nivel nacional, que se paga más por terminar el procedimiento a un profesional que por llegar a un acuerdo», denunció González. Una lógica que, a su juicio, desincentivaba activamente la resolución temprana de conflictos.
Andalucía fue la primera comunidad en romper con esa dinámica, y los resultados avalan el cambio. «Hoy se paga lo mismo o más por cualquier acuerdo que por terminar el procedimiento judicial», explicó.
Las ventajas, según González, van más allá del ahorro en la Administración de Justicia. Un acuerdo temprano «significa abaratar costes de conflictividad social en las comunidades de propietarios, en las parejas, en todas» las materias donde la mediación o la negociación pueden sustituir al proceso.
«Las ventajas que un acuerdo temprano pueda ofrecer son evidentes», zanjó. Convencer a Hacienda de financiar este reenfoque es difícil, reconoció, «pero hay que hacer el esfuerzo».
¿Relación laboral especial? «Un debate complejo, con muchas aristas»
La posibilidad de establecer una relación laboral especial entre el Estado y los abogados de oficio ha ganado terreno en algunos colegios, superando la realidad actual de subvención. González no la descarta, pero tampoco la abraza. «Una relación laboral especial sin duda tiene muchas connotaciones, mucho riesgo», advirtió.
El primer problema que señala es de independencia: «Cuando tú vas a asumir en el ámbito de lo contencioso-administrativo la defensa de un ciudadano y quien te está pagando es la administración con la persona que tú estás viendo… eso habría que repensarlo».
El segundo, económico: solo los costes de Seguridad Social supondrían «un sobrecoste de, al menos, el 30%». Y el tercero, de escala: si el empleador es la Administración, podría decidir que no necesita los 40.000 abogados de oficio que hoy existen en España. «Si hay relación laboral, el empleador puede decir yo igual no necesito 40.000, yo igual con 15.000 me apaño», apuntó.
Su conclusión es que el debate merece abrirse, pero con los pies en el suelo: «Es un debate complejo, con muchas aristas, y yo creo que merece la pena el debate. Eso es lo que vamos a hacer».
El pulso con Madrid: 385.000 euros y una decisión «unilateral»
La rueda de prensa evidenció el conflicto institucional entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Madrid, que lleva más de un año sin abonar parte de su cuota.
El importe en disputa asciende a 385.000 euros, correspondientes a 2025, una cantidad que Madrid ha dejado de pagar de forma unilateral sin impugnar el presupuesto.
Salvador González criticó esta decisión por suponer, a su juicio, un incumplimiento de la legalidad y advirtió que el colegio ha anunciado que repetirá el impago en 2026.
El asunto está judicializado y podría resolverse en primera instancia en los próximos meses, aunque previsiblemente llegará al Tribunal Superior de Justicia. Además, hubo un segundo conflicto por la cuota de incorporación de nuevos colegiados, aunque en este punto, dijo, Madrid rectificó.
Pese a la tensión, González dejó abierta la vía del acuerdo, con un único límite: respetar las decisiones adoptadas por el pleno de la Abogacía española.
