El magistrado instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional ha recibido una inhibición del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid para que determine si asume también la investigación relativa al presunto uso irregular de 53 millones de euros concedidos por el Gobierno como rescate durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, así como un supuesto blanqueo de fondos públicos y de oro procedente de Venezuela en varios países.
Fuentes jurídicas han confirmado que la titular del juzgado madrileño ha planteado el traslado de la competencia a la Audiencia Nacional, quedando la decisión en manos del magistrado Ismael Moreno.
La jueza de Plaza de Castilla, que se ha inhibido mientras la causa continúa bajo secreto, fue quien ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del CEO, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez.
Antecedentes procesales
En esta causa existe una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que la Audiencia Nacional rechazó admitir en 2024 al considerar que no era competente, remitiéndola al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Este órgano investigó el rescate de la aerolínea y terminó archivando el procedimiento.
Dicho juzgado continuaba indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, que señalaba el “uso indebido” de los 53 millones concedidos por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La Fiscalía sostenía que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.
La denuncia, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, apuntaba a una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
Según un auto de la Audiencia Nacional, esta red estaría integrada por “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y se dedicaría a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados.
Origen de los fondos investigados
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de “muy alta cuantía”, concretamente de recursos vinculados a programas CLAP —destinados al reparto de alimentos subsidiados— y a ventas de oro del Banco de Venezuela.
La investigación sitúa a Plus Ultra como firmante y beneficiaria de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización, implicadas en operaciones con oro. Estos contratos habrían servido de cobertura para devoluciones efectuadas por la aerolínea a cuentas en el extranjero de sociedades vinculadas a la supuesta red, en fechas próximas a la recepción de la ayuda pública.
Anticorrupción también mencionaba conexiones de la presunta organización con clientes bajo investigaciones policiales y judiciales en curso.
La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en ocasiones mediante sociedades mercantiles, para recibir fondos procedentes del extranjero con el fin de adquirir bienes inmuebles, así como en la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra que fueron íntegramente reembolsados.
Asimismo, recogía la venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la empresa que concedió los préstamos, la remisión de cantidades a otra mercantil con cuenta en Panamá y la posible utilización de la venta de relojes de lujo en las actividades de blanqueo.
