Más jueces y más fiscales, sí. Pero sin quien tramite, notifique, dirija los procesos y ejecute las resoluciones, la justicia seguirá atascada en los mismos cuellos de botella de siempre.
Eso es, en esencia, lo que advierte la UPSJ tras el anuncio del ministro Félix Bolaños de convocar 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales en lo que se perfila como una macroconvocatoria de oposiciones sin precedentes recientes.
«Los nuevos 500 jueces y 200 fiscales resultarán de muy poca utilidad para dar respuesta a los ciudadanos si no se crean un número proporcionalmente cercano de LAJ y funcionarios de cuerpos generales», afirma la UPSJ en un comunicado.
Ante esta situación, la asociación progresista ha anunciado que solicitará oficialmente al Ministerio la creación de 431 plazas de LAJ, cifra obtenida tras su propia evaluación de las necesidades en las distintas sedes del territorio nacional.
La asociación subraya que desconoce los cálculos de cargas de trabajo que han llevado al Gobierno a fijar los «números redondos» de 500 y 200 como referencias para jueces y fiscales.
Carencia estructural
La organización apunta que la puesta en marcha de la tercera fase de la nueva organización judicial en tribunales de instancia y servicios comunes procesales ha evidenciado una carencia estructural que ya se apreciaba en las fases anteriores: la insuficiencia de LAJ.
Si bien la creación de una estructura directiva de este cuerpo ha permitido gestionar con mayor eficiencia los grandes servicios comunes, también ha reducido el número de letrados disponibles para la dirección técnica procesal de los asuntos.
A ello se suma que el nuevo modelo se basa en la especialización por equipos, lo que exige contar con personal suficiente para poder especializarlo.
En cuanto al dato ofrecido por el Ministerio —un incremento del 4% en los señalamientos en el territorio ministerio como prueba de mejora en la eficiencia del servicio—, la UPSJ lo relativiza.
Según la asociación, el retraso en los señalamientos ha dependido históricamente de la insuficiencia de jueces, por lo que esa mejoría no acredita avances en el conjunto de la tramitación.
«No se nos dice nada del resto de trámites: admisión de demandas, primeros emplazamientos, tiempos para alcanzar firmezas o ejecuciones archivadas», subraya la UPSJ subrayando que esas fases dependen precisamente de los LAJ y de los funcionarios de los cuerpos generales.
