La segunda mujer que denunció por agresión sexual al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, no ha ratificado hoy su denuncia ante el juzgado.
Así lo ha anunciado este viernes la firma Paredes y Asociados Abogados, del que es CEO Alfredo Arrién Paredes, quien representa a Elisa Mouliaá y quien presentó el 24 de febrero pasado la denuncia de esta mujer en su nombre, sin revelar su identidad ni su DNI.
La denunciante ha decidido no reafirmarse ante la magistrada de la Plaza 12 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, de Madrid, la cual, sin conocer su nombre y apellidos directamente incoó diligencias previas –las 172/2026– en vez de diligencias indeterminadas, a la espera de escuchar su testimonio.
Ante esta marcha atrás, su representación augura que el caso se archivará al no darse «ese paso necesario», si bien advierte de que están intentando que «se pueda continuar adelante».
Fuentes jurídicas confirmaron la semana pasada que dicha Sección admitió a trámite la denuncia de la mujer por una presunta agresión sexual cometida en octubre de 2021 en el domicilio del exdirigente de Sumar.
La denuncia indicaba que la mujer inició el contacto con Íñigo Errejón a través de la red social ‘Instagram’ en 2021, de forma «frecuente y continuada», y que después de un tiempo se vieron en una fiesta en la que «en un contexto de presión» y consumo de drogas, él le instó a que le practicara una felación, a lo que ella accedió «de manera renuente», según el escrito.
Según la denuncia, abandonaron el lugar y se desplazaron al domicilio del exdiputado, que le habría introducido los dedos en la vagina a pesar de la negativa de ella.
De acuerdo con la denuncia escrita, el exdiputado se aproximó a su oído y le susurró «si gritas será peor» y «si te resistes será peor», expresiones que constituyeron una «intimidación directa y eficaz».
Al llegar a la casa, la mujer entró en estado de bloqueo derivado de la situación anterior».
En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón «volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión», dice la denuncia.
«Ya en el interior de la vivienda, tras continuar el contacto físico, el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciado respondió que no habría penetración», señaló.
Sin embargo, según la denuncia, «de manera sorpresiva y violenta», íñigo Errejón «la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento» y pese a que ella «gritó reiteradamente que cesara».
«La penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó», expuso.
Si la denunciante no se ratifica
La principal consecuencia jurídica de que la denunciante no ratifique la denuncia ante la magistrada es que el procedimiento penal tiene muchas probabilidades de ser archivado provisionalmente.
En los delitos de agresión sexual, la declaración de la víctima suele ser la prueba central del caso; si la persona denunciante no confirma formalmente los hechos en sede judicial, ante la magistrada, puede considerar que no hay base probatoria suficiente para continuar la investigación.
Por ello, lo habitual es que se acuerde el archivo por falta de indicios o por falta de impulso procesal.
Este archivo no implica que los hechos se hayan declarado falsos ni que exista una absolución, sino simplemente que el caso no continúa por falta de pruebas suficientes en ese momento.
Tampoco supone automáticamente responsabilidad penal para la denunciante por denuncia falsa, ya que para que exista ese delito debe demostrarse que acusó deliberadamente sabiendo que los hechos eran falsos.
En consecuencia, la causa quedaría cerrada salvo que aparezcan nuevas pruebas que permitan reabrirla.
¿Quién compensa a Errejón?
La retirada de la denuncia contra Errejón ha convertido al exdiputado en víctima, para lo que no existe compensación alguna.
Porque durante estos quince días, desde que se hizo pública el anuncio de esta segunda denuncia, Errejón ha afrontado un desgaste netamente político y reputacional, pese a que la causa ni siquiera ha superado la fase embrionaria de la instrucción y ahora quede prácticamente encaminada al archivo provisional.
La mera existencia de una denuncia por agresión sexual, sostenida durante dos semanas en portadas, tertulias y redes sociales, ha bastado para proyectar sobre él una sombra de sospecha difícil de disipar, al margen de que la mujer que le acusó haya decidido no mantener su relato ante la jueza.
«El sistema está pensado para activar con rapidez las garantías de investigación cuando alguien denuncia una agresión sexual, pero no prevé un mecanismo simétrico de reparación pública cuando la acusación se retira o se evapora antes siquiera de entrar en sala».
El archivo provisional de la causa dejará intacta la huella de estos días en su biografía política: el relato de la acusación ha tenido mucho más recorrido que el matiz procesal de su desinflamiento.
En teoría, Errejón podría intentar una acción por denuncia falsa o reclamar daños y perjuicios, pero en la práctica esos caminos exigen probar que la acusación era deliberadamente mendaz, un listón probatorio muy alto que rara vez se alcanza.
Mientras tanto, el agujero es evidente: el sistema está pensado para activar con rapidez las garantías de investigación cuando alguien denuncia una agresión sexual, pero no prevé un mecanismo simétrico de reparación pública cuando la acusación se retira o se evapora antes siquiera de entrar en sala.
Ese vacío lo rellenan los medios y las redes, convertidos en un tribunal paralelo que fabrica estados de opinión a golpe de titular.
La denuncia inicial, presentada por un despacho en nombre de una mujer que nunca dio la cara, ocupó portadas, tertulias y trending topics; la no ratificación, en cambio, amenaza con reducirse a un breve.
La pregunta, ahora, es quién le devuelve a Errejón esas dos semanas de sospecha amplificada y qué contrapeso real existe frente a un modelo en el que basta una denuncia que no llega a sostenerse en sede judicial para marcar a fuego la reputación de un dirigente político.
