Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular (acusación popular en el caso de las mascarillas) ponen más piedras en el camino en el último intento de José Luis Ábalos y Koldo García de quedar en libertad.
En los escritos dirigidos al Tribunal Supremo (TS) tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como la representación de las acusaciones populares han solicitado a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que mantenga en prisión provisional al exministro y a su exasesor ante la proximidad del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, al considerar que persiste el riesgo de fuga.
El fiscal jefe de Anticorrupción sostiene que «procede rechazar la petición de libertad solicitada«, al considerar que la prisión provisional comunicada y sin fianza sigue siendo «la racionalmente más adecuada para conjurar un alto riesgo» de que los acusados puedan “sustraerse a la acción de la justicia”.
Según añade, ese riesgo deriva de «la gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan, la inminencia de la celebración del juicio oral y la existencia, todavía, de otras graves conductas que se le imputan en otro procedimiento».
Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para Koldo García 19 años y medio, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Para Víctor de Aldama, que ha reconocido la acusación, el Ministerio Público pide siete años de cárcel.
El PP aprecia un riesgo de fuga «claramente intensificado»
En la misma línea se pronuncian las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular, que también rechazan la puesta en libertad de Ábalos y García al coincidir con la valoración del instructor sobre la existencia de un riesgo «extremo» de fuga.
En su escrito sostienen que el arraigo familiar y social alegado por los acusados «en ningún caso permite conjurar dicho riesgo», especialmente teniendo en cuenta la proximidad del juicio oral y la gravedad de las penas interesadas por las acusaciones.
A su juicio, además, el riesgo de fuga que justificó la adopción de la medida cautelar «se ha visto claramente intensificado» tras los últimos acontecimientos procesales. En particular, recuerdan que la Sala del Supremo ha rechazado «todas y cada una» de las cuestiones previas planteadas por el exministro y su exasesor.
Las acusaciones populares elevan su petición de pena hasta los 30 años de prisión tanto para Ábalos como para García, mientras que para Aldama solicitan la misma condena que la Fiscalía.
El Tribunal Supremo ha fijado el inicio del juicio para el 7 de abril. La vista oral está prevista en 13 sesiones, que se celebrarán en jornadas de mañana y tarde.
