El exasesor ministerial Koldo García ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo en un último intento de frenar el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y lograr que la causa sea remitida a la Audiencia Nacional.
En el escrito, la defensa de García solicita la anulación “radical” del auto de la Sala de lo Penal que rechazó sus alegaciones y las del exministro José Luis Ábalos durante la audiencia preliminar celebrada en febrero.
Ese trámite precede al juicio oral, previsto para comenzar el próximo 7 de abril en el alto tribunal y que se prolongará hasta finales de ese mes.
La defensa pide además que se acuerde “la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse dicha resolución”, al considerar que se han vulnerado derechos constitucionales fundamentales del acusado.
Entre ellos, la abogada Leticia de la Hoz cita el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a la práctica de la prueba pertinente.
La defensa sostiene que el Supremo ha “ignorado el devenir material de la causa en favor del rigorismo de los plazos” al rechazar su alegación sobre la pérdida sobrevenida de competencia del tribunal para juzgar el caso tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado a finales de enero.
A juicio de la letrada, una vez desaparecida la condición de aforado del exministro, el procedimiento debería haberse remitido íntegramente a la Audiencia Nacional.
Según el escrito, “la solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado de Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional, devolviendo así el conocimiento del asunto al juez ordinario predeterminado por la ley”.
La defensa de Koldo carga contra Sánchez Melgar
El incidente de nulidad también cuestiona la decisión de la Sala de no admitir la recusación del magistrado Julián Sánchez Melgar, quien formará parte del tribunal que juzgará el caso.
La defensa recuerda que el magistrado fue fiscal general del Estado a propuesta del Partido Popular y sostiene que se trata de un procedimiento con “una fortísima carga política”, en el que se investiga a un exministro y a su asesor vinculados al Partido Socialista Obrero Español.
Según el escrito, el hecho de que uno de los magistrados haya ocupado la jefatura del Ministerio Fiscal a propuesta del partido político que además ejerce la acusación popular “destruye la apariencia de imparcialidad ante el acusado y la sociedad”.
En este sentido, la defensa considera que ser juzgado por ese magistrado —junto a otros seis— vulnera el derecho de García a un tribunal que ofrezca garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su neutralidad política.
Asimismo, la letrada denuncia que la defensa se ha visto obligada a litigar en la Audiencia Nacional para poder abrir determinadas pruebas que, según afirma, se utilizarán posteriormente en el juicio ante el Supremo, lo que —sostiene— les obliga a afrontar la vista oral ejerciendo una “defensa a ciegas”.
